En la presentación, las organizaciones alertaron cómo las propuestas de modificación a la Ley de Bosques, la Ley de Glaciares y la Ley de Control de Actividades de Quema, entre otras, representan «una amenaza directa al derecho de los y las argentinas a vivir en un ambiente sano».
Además, señalaron que «las leyes ambientales que pretenden modificarse no tienen ninguna relación con las necesidades y urgencias que atraviesa la Argentina, por lo que no hay justificación alguna para que sean incorporadas en este paquete de reformas».
En ese sentido, apuntaron a los cambios de pesca y el agregado en materia de hidrocarburos incluidos por el Ejecutivo en esta segunda versión del proyecto de ley ya que «no mejoran en forma alguna a la propuesta inicial» y «gran parte de los puntos más objetables de las modificaciones a las leyes de presupuestos mínimos permanecen sin cambios».
En el caso de la Ley 26.562 de control de actividades de quema, advirtieron que se mantiene la modificación al artículo 3, otorgando una autorización tácita a las actividades de quema ante el silencio de las autoridades, extendiendo el plazo de 30 a 90 días.
«Este escenario ignora el rol de las autoridades locales especializadas en manejo del fuego, la ponderación de parámetros ambientales relativos al manejo del fuego, y el cuidado de la seguridad y salud públicas y las sanciones en caso de eventuales impactos negativos», señalaron.
En el caso de la Ley 26.331 de protección ambiental de bosques nativos, señalaron que la última modificación al proyecto de ley «va en contra de dotar de partidas suficientes al fondo de la Ley 26.331, que es fundamental para avanzar hacia una progresiva y definitiva protección de nuestros bosques».
En tanto, advirtieron que la incorporación de un artículo que «garantiza la misma partida presupuestaria del 2023 al 2024 no sólo resulta insuficiente por el monto asignado, sino que, además, no garantiza una asignación fija para cada año como lo hace la ley vigente».
Las modificaciones de las leyes ambientales «representan una regresión inadmisible en avances previamente consensuados por la sociedad en su conjunto,» destacó Hernán Casañas, director ejecutivo de Aves Argentinas, una de las organizaciones firmantes.
En el caso de la Ley 26.639 de protección ambiental de glaciares y ambiente periglacial, «mantiene el recorte a la definición amplia de glaciar y ambiente periglacial hoy vigente y la restringe a una protección limitada a determinados glaciares».
«El proyecto aduce serias contradicciones legales, confunde la naturaleza de herramientas como el Inventario Nacional de Glaciares, entre otras falencias», agregaron. Y apuntaron que, «si bien las modificaciones realizadas son importantes, no son suficientes».
Por último, señalaron que estas propuestas «chocan frontalmente con principios jurídicos y la normativa nacional e internacional vigente en el país, afectando los resultados económicos productivos de diversas actividades que se pretenden beneficiar y arriesgando seriamente el cumplimiento de los compromisos asumidos por el país en los foros multilaterales ambientales».
