El Gobierno sigue sin hacer público el documento del acuerdo firmado con Junts para la delegación de competencias sobre inmigración a la Generalitat, pero se ha visto obligado a redoblar explicaciones para matizar su alcance. En medio de críticas de inconstitucionalidad por parte del PP, a las que se ha sumado el barón socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de los recelos de ERC y de que hasta Sumar se haya mostrado en contra de esta cesión por el “discurso xenófobo” que atribuye a Junts, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha salido a contradecir que esta delegación pueda permitir a la Generalitat decidir sobre la expulsión de migrantes. Lo hizo este domingo en una entrevista publicada por El País y fue todavía más claro este lunes en una segunda entrevista en RNE.
Una insual sobreexposición fuera de campaña electoral que da cuenta del desgaste derivado del pacto sobre migración. El discurso se ha centrado así en suavizar el efecto de los acuerdos con Junts. La pasada semana ya salieron a la palestra la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, para enmarcar dentro de la Constitución cualquier desarrollo de este pacto. Sin demasiado éxito, ni siquiera entre las voces críticas dentro del propio partido, como demostró Page.
«Ningún Estado puede renunciar a la competencia de fronteras”, advirtió el presidente de Castilla-La Mancha. El líder de los socialistas manchegos no asistirá este fin de semana a la Convención Política del PSOE, en A Coruña, pese a regresar de su viaje institucional a China la noche del sábado. Además de este cónclave para definir la acción política del partido, se celebrará el domingo por la mañana un comité federal.
Para frenar el desgaste, Sánchez ha marcado terreno al limitar la delegación de competencias a los itinerarios de inserción y subrayar que cualquier desarrollo del acuerdo se deberá pactar con ERC al tratarse de una ley orgánica (lo cual implica 176 votos a favor en el Congreso). La delegación se acota en función de las competencias exclusivas del Estado, que marca el artículo 149 de la Constitución, y de las recogidas en el Estatut para su posible desarrollo.
Los mensajes reiterados para minimizar la polémica, al mismo tiempo que se intenta tranquilizar a los socios y alejar las acusaciones de inconstitucionalidad, han visibilizado las discrepancias sobre el contenido entre PSOE y Junts. «Todo lo que tiene que ver con el control de fronteras y la lucha contra la inmigración irregular está residenciado en el Estado», defendía este lunes el jefe del Ejecutivo. Reducía así el desarrollo de la futura ley orgánica a delegar competencias relativas a la integración social de los migrantes, como recoge el artículo 138 del Estatut. Fundamentalmente, acogida y planes de integración, además de las gestiones administrativas relativas a la autorización de empleo, en coordinación con el Estado.
Críticas de los socios
El secretario general de Junts, por su parte, mantuvo este lunes en TV-3 que el pacto con el PSOE incluye una ley de delegación a la Generalitat de las competencias «integrales» sobre inmigración y que, por tanto, debería incorporar la gestión de las expulsiones. Ahora bien, reconoció que todo queda a la espera de la futura ley orgánica y que es ahí donde se recogerán los márgenes de la delegación competencial. Ante las afirmaciones de Sánchez, que aseguró que el control fronterizo es y seguirá siendo del Estado, Turull contestó: «También dijo que la ley de amnistía era inconstitucional, y ahora hace mítines» defendiéndola, así que para él no es más que una «estrategia negociadora».
Por otro lado, Turull rechazó las acusaciones que desde partidos como ERC o los Comuns se vierten contra su partido al sostener que vinculan inmigración con delincuencia y que, por tanto, Junts es “racista”. «¿Está proponiendo una pena diferente en función del origen o lugar de nacimiento? Castigar quien eres en lugar de los hechos que has cometido es, directamente, racismo», espetó el portavoz de Catalunya en Comú, Joan Mena.
Para el partido de Ada Colau lo que busca Junts es agitar este debate por temor al agujero electoral que pueden hacerle en las próximas elecciones catalanas partidos de extrema derecha independentista que emergieron en las pasadas municipales en municipios como Ripoll o Manresa.
Un argumento muy similar al de ERC, que redobló sus reproches y criticó el discurso sobre inmigración y seguridad que hacen sus exsocios en el Govern porque «lo que hace es abonar los discursos de odio y de la extrema derecha”. En pleno inicio del nuevo ciclo electoral, con las gallegas el próximo 18 de febrero, las vascas previstas para el mes de abril y las europeas el 9 de junio, los socialistas tampoco son favorables a que la inmigración se cuele en la agenda. “No puedo estar de acuerdo en absoluto con que se identifique o se equipare la migración con la delincuencia. En absoluto. España en materia de política migratoria es un ejemplo para Europa”, argumentaba Sánchez en su entrevista de este domingo.
Reunión en el Congreso
En este contexto de discrepancias, el dirigente socialista encargado de las negociaciones con Junts, Santos Cerdán, secretario de Organización, ha citado este miércoles a Turull para reunirse en el Congreso. Será la primera vez que un dirigente de Junts, sin acta de diputado, mantiene un encuentro de estas características con el PSOE en las dependencias del Congreso.
Tratando de esquivar la polémica, fuentes de la cúpula de Ferraz enmarcan este encuentro en un proceso de normalización de las relaciones y de diálogo con los socios. Una reunión más de las diversas que ya están teniendo y que seguirán celebrando. De hecho, el pasado 4 de enero, en plena negociación para la votación de los tres primeros decretos del Gobierno, Santos Cerdán se desplazó a Barcelona para runirse con Turull. «Necesitamos los votos y eso requiere hablar mucho y celebrar muchas reuniones e intercambiar papeles. Esta legislatura estará marcada por el diálogo», avanzan fuentes de la dirección socialista.
La reunión de los designados para las negociaciones entre PSOE y Junts coincidirá con el inicio del debate en la comisión de Justicia sobre las enmiendas parciales a la ley de amnistía. Si finalmente se presentan este martes, antes de que se cierra el plazo a las 18:00 horas, pues el mensaje de Moncloa transmitido a sus socios es que para pactar cambios solo aceptarán retoques técnicos sin cambios nucleares. Todo ello, siempre que tengan el consenso de todos los grupos para mantener los 178 votos con los que fue admitida a trámite.
