El acuerdo entre el PSOE y Junts para elaborar una ley que ceda competencias en inmigración a Cataluña sigue levantando polvareda. Y no solo en el ámbito político, a pesar de no haber concreciones del alcance de esta delegación, sino también en el policial. Por ello, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, tiene previsto reunirse este lunes con los sindicatos de la Policia Nacional y tratar de calmar los ánimos.
El pasado jueves, un día después de que se anunciara el pacto, los mandos policiales ya intentaron rebajar el malestar dentro del cuerpo, asegurándoles que no afectaría a sus competencias, pero para los sindicatos no fue suficiente.
La Policia Nacional es el cuerpo encargado de la gestión de la migración en todas las comunidades autónomas, con funciones de envergadura política como el control de fronteras, los premisos de asilo o las devoluciones; pero también se encargan de las que tienen que ver más con la gestión como la gerencia de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) o la expedición de los NIE, los documentos de identidad de extranjeros.
Los sindicatos temen que con la nueva ley puedan perder alguna de estas atribuciones, ya que las podrían asumir los Mossos de Esquadra, y consideran que ello sería la «desintegración» de la Policía Nacional en Cataluña. De los 3.000 agentes del cuerpo destinados actualmente en esta comunidad, la mitad se dedica a cuestiones relacionadas con la inmigración.
Las exigencias de Junts
El pacto entre socialistas y posconvergentes no detalla las competencias que debería asumir la Generalitat de Cataluña en este traspaso, ya que se trata más de una «decisión política» que deberá abordarse durante las negociaciones de la nueva ley, sin embargo, Junts ya avanza que sus peticiones serán de máximos y que exigirán tener competencias completas.
Entre sus principales peticiones, está el control sobre los «flujos» -a través de la fijación de cuotas entre comunidades autónomas, pero también la expulsión de inmigrantes multirreincidentes. Una posibilidad, esta última, que el presidente del Gobierno ya ha descartado.
Además, los abogados especialistas consideran que se trata de un debate estéril, ya que aseguran que solo un juez puede expulsar un delincuente reincidente. Ni la Generalitat, ni el Gobierno. Tampoco están claros los límites constitucionales del traspaso, puesto que la Carta Magna señala la inmigración como una competencia exclusiva del Estado y la sentencia del Estatut del 2010 ya declaró inconstitucional el artículo que ampliaba las competencias de inmigración de la Generalitat.
