«Sigue sin haber una persona definida como tal que esté llevando adelante las conversaciones extrapartidarias, pero haber llevado a los ministros y dar explicaciones ha sacado todas las dudas que había. Creemos que la ley saldrá con modificaciones«, afirmó a Télam una fuente allegada al bloque de LLA.
En este sentido, desde el oficialismo también aseguraron que «el radicalismo aflojó» porque «nadie quiere tener a (el presidente) Javier Milei en contra» porque el mandatario conserva «legitimidad popular».
El propio Presidente repitió, lo que desde su circulo más cercano sostienen, y es que «está fuerte en las encuestas» de opinión, pese a los aumentos de precios que se verifican a diario.
«Se abrió (la Ley) a modificaciones y se hizo en un ámbito democrático en el cual todos pudieron preguntar», señalaron desde el espacio en referencia a los debates que esta semana se dieron sobre el proyecto en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados.
Después de asumir el 10 de diciembre, LLA comenzó a calificar como «kirchnerismo» a todos los espacios que integran Unión por la Patria (UxP), y a pesar de la poca experiencia legislativa con la que contaban sus legisladores, el espacio que lidera Milei parece tener éxito en su estrategia de dejar aislada a esa fuerza opositora, que es la primera minoría en ambas cámaras del Congreso.
Para el oficialismo, la concurrencia de los ministros al plenario de comisiones de Diputados se dio en el marco de un proceso democrático que avala las reformas propuesta por el Poder Ejecutivo.
El diputado nacional del monobloque de Avanza Libertad y presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, José Luis Espert, aseguró el jueves que «estaría contento» si para fines de mes se alcanza en el cuerpo la media sanción del proyecto, y estimó que la iniciativa no sufrirá «cambios que alteren su espíritu».
«Me sentiría contento por la seriedad del proyecto, pero peco de conservador. Estamos a 11 de enero. Estaría contento si lográramos tener la media sanción antes de fin de mes. Estamos debatiendo 664 artículos y este es un cambio profundísimo para la Argentina. Creo que el país necesita cuanto antes tener esta Ley«, indicó Espert en declaraciones para Radio Rivadavia.
Paralelamente, la aprobación del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023, dictado por el Poder Ejecutivo para desregular la economía y la legislación laboral, es otro cantar en materia legislativa, y desde el espacio gobernante advirtieron que su aprobación «se va a definir en la Justicia», donde se concedieron varias medidas cautelares contra la aplicación de esta normativa.
El 4 de enero la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó la primera cautelar que ordenó la suspensión de la reforma laboral incluida en el DNU: luego hubo otros cuatro cautelares más -dictadas por tribunales de primera y segunda instancia, según cada caso- entre las que se encuentra la lograda por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).
Barra presentó este viernes un recurso extraordinario ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo contra la cautelar que suspendió la aplicación del capítulo laboral del DNU, con el objetivo de que la Corte Suprema de Justicia tome intervención en el caso.
La presentación, que hasta última hora del viernes no estaba despachada en el sistema informático del Poder Judicial, fue confirmada a Télam por fuentes oficiales que aclararon que «el recurso va dirigido a la Corte, pero se presenta en la Cámara del Trabajo».
Se trata de un recurso extraordinario para que la Cámara habilite la vía hacia la Corte; aunque si eso no ocurre el Gobierno podrá recurrir a una queja para llegar al máximo tribunal, señalaron las fuentes consultadas.
En este contexto, desde LLA, algunas voces admiten que la suerte del DNU se definirá «más por el lado de la Justicia» que «por lo que suceda en el Congreso.
Por otra parte, sobre la denominada por la oposición «ley ómnibus» los voceros oficialista consultados por esta agencia reiteraron estar confiados en que se debatirá en Diputados entre el 24 y el 25 de enero.
Desde el gobierno nacional, el ministro del Interior Guillermo Francos declaró esta semana que lo mejor sería que la medida de fuerza de la CGT no se produjera, pero aclaró que los integrantes de la central obrera «estaban en su derecho» de convocar a una huelga.