En las últimas semanas Clarín contó dos hechos vinculados a decisiones de salud pública del Estado argentino que ahora, mirados en perspectiva, parecen tener un hilo conductor argumentativo.
Lo curioso de ese hilo es que comienza en el kirchnerismo tardío y termina en la era libertaria. Para decirlo de una manera esquemática: en ambos casos impera el supuesto de que menos puede ser más.
El contenido de ese esquema establece un parentesco entre el kirchnerismo casi póstumo y el libertarismo naciente, por intermedio de una de las últimas decisiones del gobierno de Alberto Fernández y una de las primeras adoptadas por el de Javier Milei.
La ex ministra Carla Vizzotti, tal como informó en su momento Clarín, firmó el 9 de diciembre una resolución por la que la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH), que se aplica a los 11 años, se reducía de dos dosis a una.
El argumento fue -recomendación de la OMS mediante- que la cobertura con la segunda dosis venía siendo “subóptima”. Dicho en castellano, como el objetivo no se alcanzaba, mejor dejar de perseguirlo y concentrar los esfuerzos en la primera dosis.
El nuevo esquema contra el VPH desde el 1° de enero es de una sola dosis.De alguna manera, el acto administrativo implicó la resignación de igualar para abajo, al considerar que desechar el acotado aprovechamiento de la segunda dosis -aunque aprovechamiento al fin- no era relevante.
Cabe recordar que la recomendación de la OMS venía a caballo de situaciones más frágiles que la de Argentina, como las que viven algunos países de Africa, donde las tasas de cobertura vacunales son mucho más bajas. Allí hicieron entonces investigaciones sobre la eficacia con una dosis que luego justificaron el ajuste.
La medida en nuestro país provocó polémica, fundamentada en que esos estudios validantes de la política de una dosis carecerían de robustez temporal en los resultados, y en que además sólo contemplaron el impacto de la medida sólo para el cáncer de cuello de útero. Es decir, no para el resto de los tumores genitales que causa el VPH.
A esa determinación de salud pública le siguió inmediatamente el comienzo del Gobierno de Milei, de quien una de sus primeras decisiones fue el mega decreto que ahora se discute en la Justicia. Uno de los aspectos polémicos del DNU fue la prohibición a los médicos de sugerir marcas de medicamentos en las recetas.
Cuando Clarín buscó mayores explicaciones oficiales que justificaran la medida, se encontró con que uno de los principales argumentos era que un país en el que la gran mayoría de la población no tiene cobertura de salud y por lo tanto carece de descuentos en las farmacias, el paradigma debería ser el de tratar de lograr el mayor acceso al menor costo posible.
Las nuevas recetas no deben sugerir marcas de medicamentos. Foto: Fernando de la OrdenEse menor costo posible, según el nuevo Gobierno, ocurrirá si la receta queda emancipada de la tutela del médico y deja entonces en total libertad al paciente para que decida qué marca de medicamento comprar.
En este caso, el argumento vuelve a nivelar para abajo. En pos de abarcar ese condicionamiento social que evidentemente sufre una sociedad empobrecida, también se acepta que aquellos que sí podrían acceder económicamente a la recomendación del profesional padezcan la prohibición establecida.
Resulta extraño, al mismo tiempo, que una política emanada desde un gobierno libertario tenga que ser explicada a partir del veto a una potestad adquirida. Aunque en este caso hay que hacer una salvedad: ciertamente el médico puede sugerir la marca del medicamento por fuera de la receta, aunque eso eventualmente pase a afectar intereses menos transparentes.
Como sea, esto generó una amplia reacción la última semana, que comenzó con las asociaciones de médicos y continuó con los laboratorios farmacéuticos. El debate sigue abierto y el Gobierno aseguró que está predispuesto al diálogo, aunque a la vez se mostró firme en la postura que rubrica el DNU.
En suma, menos vacunas contra el VPH porque el mismo fracaso del Estado en la cobertura implica que una importante porción de la población objetivo no se las aplique; sumado a la erradicación de la prescripción con nombre comercial porque la mayoría de la población no cuenta con el poder adquisitivo para comprar el medicamento más caro y supuestamente más eficaz.
La sorpresiva hermandad entre estas medidas adoptadas por gobiernos de signo político opuesto se explica, en parte, por sendas decisiones en apariencia contra natura: por un lado, el inexplicable retaceo de Vizzotti -histórica defensora de una concepción progresista de la vacunación- de una dosis del calendario oficial; por otro, el gesto “populista” del Gobierno de Milei cuando en la supuesta intención de darle más libertad al paciente revierte atribuciones de una profesión liberal.
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