Especialistas celebran el incentivo a las grandes inversiones, pero piden estabilizar la economía

El oficialismo propone una variedad de incentivos impositivos, legales y cambiarios para las compañías que generen proyectos en la Argentina. Expertos reconocen que es un proyecto interesante, aunque advierten que la resolución de los problemas económicos básicos es una condición previa para la inversión.

07 de enero 2024, 04:08hs

Dentro de la Ley Ómnibus que el Gobierno envió al Congreso se crea el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con una serie de beneficios impositivos, legales y cambiarios que buscan impulsar los proyectos en siete sectores económicos clave.

Especialistas consultados por TN explicaron la importancia de este proyecto para generar un repunte de la inversión y coincidieron en que hay grandes oportunidades en rubros como energía, infraestructura y gas y petróleo, aunque también destacaron el agro y la minería.

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La inversión en Argentina, retrasada

En un contexto de reducción de la obra pública, tal como anunció el Gobierno, la iniciativa privada será clave para hacer los desarrollos que la Argentina necesita en los próximos años. De allí el interés oficial en promover las grandes inversiones que, además, se encuentran retrasadas.

Eduardo Fracchia, profesor de IAE Business School, se refirió a este punto: “La inversión es crucial para el crecimiento, en particular, para un país que está en un proceso de estancamiento desde 2011. En el gobierno de Alberto Fernández, el promedio de inversión ha sido del 18% respecto del PBI, que es una tasa inferior al promedio de inversión histórico de la Argentina”.

La casa de estudios que representa, contó, elabora desde 2006 el Índice de Precios de Activos Productivos (IPAP), un indicador de anticipo de inversión que se hace en base a precios de activos. “Nos está dando una previsión a futuro de que la inversión no crece”, anticipó Fracchia.

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En la misma línea, Marcelo Elizondo, consultor especializado en negocios internacionales, explicó que la forma de medir la inversión en la Argentina presenta distorsiones porque incluye la construcción. “Cuando hay crisis de moneda o imposibilidad de enviar utilidades al exterior, muchos se dedican al real estate y eso hace subir artificialmente la tasa de inversión”, señaló el también director de la maestría en Dirección estratégica y Tecnológica del ITBA.

Algo similar sucede en la medición de inversión extranjera directa, que comprende la reinversión de utilidades en un momento en que la remisión de beneficios al exterior está prohibida por el cepo cambiario (precisamente, los proyectos adheridos al RIGI no tendrán esa limitación). A pesar de esas distorsiones, Elizondo indicó que el promedio de inversión en Argentina equivale a 16% del PBI cuando en América Latina es de 22%.

La necesidad de acomodar la macro

Al repasar los motivos de la baja inversión en los últimos años, Fracchia enumeró la inflación crónica, la presión tributaria, la falta de reglas de juego pro-rentabilidad, un tipo de cambio poco competitivo, la prohibición de girar dividendos a las multinacionales por el cepo y otros factores que desalentaron el crecimiento económico. “Al no haber crecimiento del producto, tampoco hubo aliciente a la inversión”, resumió.

Por eso, los especialistas acordaron en que, más allá de los beneficios que el RIGI, las empresas van a esperar a ver cierta normalización de la economía antes de hundir capital en la Argentina. En ese sentido, Javier Constazó, socio del estudio jurídico Tavarone, Rovelli, Salim & Miani, afirmó: “Este régimen trata de apuntar al sector extranjero y creo que esas empresas van a esperar a que se trate en el Congreso para entrar más en el detalle de la norma, siempre sujeto a que se estabilicen algunas condiciones macro”.

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A su turno, Fracchia dijo que, ante la incertidumbre reinante, “la reacción natural del círculo rojo, del empresariado, es esperar y ver hasta que vaya aclarándose el panorama”. “Si se da un proceso virtuoso de reducción del riesgo país, del déficit fiscal, con confianza de la sociedad, gobernabilidad en el Congreso y la calle, es natural que la inversión crezca”, completó.

Por su parte, Elizondo consideró que el Gobierno está bien encaminado y que aborda el tema de la inversión desde distintos puntos de vista, no solamente a través de la propuesta del RIGI. “La estabilización de la economía es un requisito para la inversión. Si eliminan la brecha y la variabilidad cambiaria, habrá inversión. Hay que reducir esas distorsiones y estabilizar la inflación, que impide hacer los cálculos previos a los desembolsos de un gran proyecto”, puntualizó.

Los beneficios que el Gobierno les ofrece a los inversores

Las empresas nacionales o extranjeras que decidan ingresar al RIGI para llevar adelante algún proyecto obtendrán una variedad de beneficios. Entre ellos, estabilidad tributaria por 30 años, no sufrirán restricciones a las importaciones o exportaciones, no pagarán retenciones ni impuestos por importar y les aplicarán descuentos en el impuesto a las Ganancias, entre otros puntos.

Para Constazó, “es un proyecto atractivo, beneficioso, que incorpora ítems que un inversor extranjero pide, como el arbitraje internacional ante una controversia, la estabilidad tributaria y los beneficios cambiarios”. Otro punto que destacó es que los inversores internacionales ven mayor estabilidad en un marco regulatorio aprobado por ley, como sería el caso del RIGI.

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En particular, el abogado destacó como interesante para el inversor extranjero el reconocimiento expreso en el texto de que estas inversiones serán consideradas protegidas en los términos de los tratados bilaterales de promoción de inversiones con los países de donde provienen esos capitales. “Si hay una disputa, la empresa puede ir a los tribunales arbitrales que se establezcan el tratado bilateral sin necesidad de primero probar que es una inversión protegida por ese acuerdo”, recalcó.

Los tratados bilaterales, indicó Constanzó, se celebraron en la década de 1990 con diferentes países y fijan reglas sobre la resolución de controversias. Le evitan a las empresas pasar por la justicia ordinaria y pueden directamente recurrir a arbitrajes internacionales, como el del CIADI.

Con respecto a la estabilidad tributaria por 30 años, el letrado indicó que otras leyes, como la de Energías Renovables, también la ofrecieron. “Hay un compromiso del Estado acerca de que los proyectos bajo este régimen están a salvo de incrementos fiscales”, cerró.