El coordinador administrativo de la delegación de PAMI en el Chaco, Alfredo Moreno, fue removido este miércoles de su cargo en medio de las investigaciones que lleva adelante la Justicia Federal. Se lo vincula con presuntas maniobras de pedidos económicos a empleados del organismo, afiliaciones irregulares al partido La Libertad Avanza del Chaco —del cual es tesorero—, supuestos pedidos de coimas a prestadores médicos y posibles incompatibilidades en el ejercicio de sus funciones.
La decisión se conoció un día después del procedimiento realizado en la oficina del nuevo titular de PAMI Chaco, Alejandro Alloatti, quien reemplazó a Silvia Arolfo. Durante el operativo, agentes de la Agencia de Recaudación Aduanera (ARCA) y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria secuestraron documentación y equipos informáticos.
El allanamiento se suma al ejecutado la semana pasada en la agencia de viajes Sakura, en pleno centro de Resistencia. Aunque Moreno negó cualquier vínculo con la firma —que presta servicios a PAMI—, el contrato de alquiler está firmado por él como “codeudor” y responsable de los pagos.
Declaraciones y testimonios
Moreno fue señalado en distintas causas que instruye el fiscal federal Patricio Sabadini. Dos médicos declararon que intermediarios les exigieron entre el 10% y el 20% de lo facturado mensualmente a PAMI para conservar las cápitas. Según ambos, esos pedidos fueron realizados por personas que aseguraban responder a órdenes de Moreno y de su jefe político, Alfredo “Capi” Rodríguez, delegado local de ANSES y presidente de La Libertad Avanza Chaco, citado a declarar este jueves por la investigación sobre afiliaciones truchas al partido.
Además, varios testigos lo vinculan a la causa por avales falsos. Indicaron que Moreno trasladaba fajos con fotocopias de DNI a la sede partidaria para que jóvenes militantes completaran planillas de afiliación sin consentimiento de los supuestos adherentes. La pesquisa sostiene que se habrían usado bases de datos de PAMI y ANSES para captar adultos mayores en situación de vulnerabilidad.
El exfuncionario también fue mencionado en denuncias sobre pedidos de “retornos” a empleados de los organismos nacionales de seguridad social con sede en el Chaco. Según los testimonios, las contribuciones eran exigidas de manera extorsiva, bajo amenazas de despidos o trabas en la carrera administrativa, con el fin de financiar la estructura partidaria libertaria.
