Al mencionar la hoja de ruta, el director de LyP realza un elemento central que permite reducir distorsiones: el superávit fiscal. Para sostenerlo, “el gasto público tiene que seguir bajando” y los empleados públicos deberían reducirse de 4 a 2 millones en todo el país. Así las cosas, desea a una alianza entre La Libertad y Avanza y el PRO que permita ganar las elecciones en 2027 con un piso de 60%.
A continuación, la nota completa en diálogo con Ámbito.
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Agustín Etchebarne, en diálogo con Ámbito.
Periodista: El tema central de los últimos días fue el desarme de las LEFIs y su impacto en las tasas de interés. ¿Cómo lee esta dinámica? ¿Hubo un error de timing, de implementación, o fue un acierto que no encontró respuesta por parte del sistema financiero?
Agustín Etchebarne: Tengo una mirada de más largo plazo. El Gobierno, en su momento, tenía dos opciones: ir por la dolarización o seguir el programa de Luis Caputo y su equipo. Yo estaba en el grupo que impulsaba la dolarización, pero, viéndolo un año y medio después, el resultado del plan actual ha sido muy exitoso. Tuvimos una reducción de la inflación muy fuerte —de 211% a una proyección de 25% o 26% anual—, un saneamiento importante del Banco Central, y una baja extraordinaria del gasto público del 25% en el primer mes de gestión. Ese ajuste permitió alcanzar el superávit fiscal y reducir el déficit cuasifiscal. Además, la pobreza bajó del 50% a niveles cercanos al 31%, según estimaciones de la UCA y la Universidad Torcuato Di Tella.
P.: Entonces, ¿la eliminación de las LEFI no generó una respuesta financiera acorde?
A.E.: Lo que vimos son detalles de implementación. Estamos desarmando un esquema muy complejo -el cepo- con miles de regulaciones. El sistema financiero se va normalizando: la brecha cambiaria se redujo a cero o incluso negativa en algunos días. Hay intervención, claro, pero el tipo de cambio oficial hoy flota en una banda. La volatilidad es parte del proceso, porque ningún funcionario puede anticipar las decisiones de todos los actores económicos. Lo importante es que el ancla es el superávit fiscal.
P.: Si durante la campaña el programa era la dolarización, ¿qué pasó? ¿Por qué se terminó optando por otro esquema?
A.E.: Hubo una reunión donde estaba el equipo de Emilio Ocampo, que proponía la dolarización, y el de Caputo, con otro enfoque. Javier Milei quería que nos pusiéramos de acuerdo, pero eso no fue posible. Se optó por el camino de Caputo, y confieso que me equivoqué: creí que la caída inicial en “V”, iba a deteriorar la imagen presidencial. Lo sorprendente fue el respaldo social, incluso frente a medidas duras. Eso habla muy bien de los argentinos.
P.: ¿Qué aporta el programa de Caputo que no lo hace la propuesta de dolarización? ¿Es más pragmático, menos riesgoso?
A.E.: Ambos eran programas complejos. Hoy, con el diario del lunes, es fácil decir que este fue mejor, pero es cierto que el resultado es muy exitoso. Las libertades económicas de la Argentina mejoraron cerca de 60 posiciones en el Índice de Libertad Económica de Heritage Foundation. Estábamos entre los países más reprimidos del mundo. Hoy estamos a mitad de tabla. Falta mucho, pero la dirección es la correcta. Las reformas estructurales, el DNU 70, el recorte de ministerios, la desregulación que lleva adelante Sturzenegger… todo apunta al modelo que proponíamos desde Libertad y Progreso.
P.: ¿Qué falta para consolidar ese rumbo?
A.E.: La reforma laboral es clave, porque la mitad de la economía está en negro y eso impide que las empresas crezcan, accedan a crédito o salgan a la bolsa. Se trabó el camino de pyme a gran empresa. Además, la informalidad implica más volatilidad. En esta crisis, los salarios informales cayeron fuertemente, aunque ahora se están recuperando.
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P.: ¿Esto que menciona explica también la baja inversión?
A.E.: Claro. Vivimos en un país con recursos naturales como la cordillera de los Andes, que compartimos con Chile, solo que el país vecino exporta u$s55.000 millones en minerales; nosotros apenas u$s4.000 o un poco más. El RIGI puede cambiar eso. Es un régimen que, si bien no es un esquema liberal puro, permite anticipar beneficios impositivos y atraer inversiones.
P.: El Gobierno sostiene que el superávit fiscal es inquebrantable, pero el Congreso aprobó erogaciones que atienden a las demandas de diversos sectores. ¿Es posible combinar ambos intereses?
A.E.: El gasto público tiene que seguir bajando. Las provincias y municipios no han hecho el ajuste. En muchos casos, el Estado provincial es más grande que el nacional. Hay municipios con consejos deliberantes que funcionan como feudos, donde el clientelismo se mantiene con empleo público innecesario. En total, tenemos 4 millones de empleados públicos. Hay que reducir al menos 2 millones. Cuando teníamos 2 millones, había mejor salud, educación e infraestructura: la palabra clave para subir los salarios es productividad.
P.: ¿En cuánto tiempo debería realizarse ese recorte de los empleados?
A.E.: No le pongo un plazo, pero hay que hacerlo. El Estado debe enfocarse en pocas cosas, pero bien hechas, y lo demás debe dejárselo al sector privado. Los ferrocarriles, por ejemplo, eran excelentes cuando eran privados, pero se estatizaron en 1949 y empezó la decadencia.
P.: ¿Coincide con la idea de una “Argentina dual”, con sectores que acceden a importaciones baratas y otros que no llegan a comprar alimentos a fin de mes?
A.E.: No lo veo así. Los datos indican que la Tarjeta Alimentar y la AUH subieron y la pobreza bajó. Lo que sí existe es una diferencia entre trabajar en el sector privado o en el público. Los sueldos estatales crecieron menos y eso fue deliberado. Se buscó incentivar al empleo privado. Muchos jóvenes que antes se iban del país hoy están reconsiderando quedarse. Con salarios en dólares más altos, pueden volver a pensar en proyectos de vida acá.
P.: ¿Qué pasará con el dólar en el segundo semestre?
A.E.: La volatilidad preelectoral existe y puede continuar, pero el superávit fiscal es un ancla poderosa. La deuda consolidada bajó u$s25.000 millones respecto a noviembre de 2023. Además, el dólar se deprecia globalmente. No me animo a proyectar el corto plazo, pero hacia adelante veo estabilidad. Este año cerraría con 26%–27% de inflación; el año que viene podría ser del 8%. Con estas tasas, yo apuesto al peso, sin dudas. Tomar deuda en pesos hoy, con tasas muy altas, no es buena idea. Pero deuda en dólares al 7%, como algunas empresas están consiguiendo, sí lo es.
P.: ¿Y qué impacto tienen las tasas altas sobre la actividad?
A.E.: Las tasas altas son malas. Pero están bajando, cayeron a 30%. Subieron un poco por el desarme de las LEFI, pero eso es coyuntural. Si dentro de dos años las tasas siguen iguales, el plan habrá fracasado. Pero no lo creo. Vamos hacia una inflación en un dígito bajo y tasas normales. Israel y Japón tardaron siete años en lograrlo. Acá se está logrando en mucho menos, en un año y medio.
P.: Sturzenegger dijo en La Rural que “no existe el riesgo país, existe el riesgo kuka” y usted asegura estar de acuerdo, aunque sostengan internas dentro del partido que le quitan competitividad. ¿Por qué?
A.E.: La política es un tema importante que no había salido en la entrevista. El peronismo ha nombrado a casi todos los jueces. Tiene poder sindical, territorial y en muchas provincias. Cuando ganó las PASO en 2019, la bolsa cayó 37% en un día. Ni una guerra logra eso. ¿Por qué? Porque su lógica es combatir al capital, y en ese sentido es más destructivo que una guerra. Las pymes y los ahorristas sufren; los amigos del poder se benefician. Es un modelo corporativista, casi fascista. Nosotros queremos un país libre, con iniciativa privada.
P.: ¿Cree que el oficialismo puede ganar las elecciones de 2027?
A.E.: Si la economía sigue mejorando, sí. Lo ideal sería un acuerdo sólido entre La Libertad Avanza y el PRO, con una campaña clara. Hay que evitar peleas internas. Yo apostaría a construir una mayoría del 60%. La mayoría de los argentinos quiere un país normal, con menos impuestos y más libertad. Argentina lo merece.
