La provincia de Buenos Aires, epicentro político y electoral del país, se convierte una vez más en el escenario de una batalla decisiva. Con el cierre del plazo para la inscripción de alianzas electorales fijado para la medianoche del 9 de julio, tanto el Gobierno como el peronismo bonaerense enfrentan tensiones internas, resistencias y negociaciones de último momento para evitar fracturas que podrían costarles caro en las elecciones legislativas del 7 de septiembre.
En el Gobierno, La Libertad Avanza (LLA) confirmó un acuerdo con el PRO bonaerense, liderado por Cristian Ritondo. El pacto busca consolidar un frente electoral que enfrente al peronismo en la provincia más poblada del país.
Sin embargo, el entendimiento no está exento de tensiones. Mientras Ritondo, Diego Santilli y el intendente Guillermo Montenegro avanzaron en las negociaciones con Sebastián Pareja representante de Karina Milei en la provincia, varios intendentes del PRO manifestaron su incomodidad con los términos del acuerdo.
El principal punto de fricción es la pretensión de LLA de que el frente lleve exclusivamente su nombre y colores, una exigencia que incomoda a sectores del macrismo que no se sienten representados por el discurso libertario.
Algunos dirigentes incluso amenazaron con competir por fuera si no se respetan ciertos equilibrios. “Si vamos por afuera, el escenario es de catástrofe”, advirtieron desde el sector acuerdista. En respuesta, Karina Milei encabezará una conferencia de prensa para anunciar formalmente la alianza, mientras se organizan reuniones virtuales para contener a los disidentes.
Del otro lado del espectro político, el peronismo bonaerense también atraviesa un momento delicado. Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa intensificaron sus reuniones en las últimas horas para cerrar una lista de unidad que evite una ruptura interna.
Congreso
El objetivo es claro: consolidar un frente que funcione como “escudo” frente a la avanzada del gobierno nacional y su política de ajuste. El Congreso del PJ celebrado en Merlo fue clave para formalizar el acuerdo entre el kirchnerismo y el kicillofismo, que incluye un reparto equitativo de lugares estratégicos en los órganos electorales.
Sin embargo, persisten las desconfianzas. Kicillof exigió un esquema de “firmas cruzadas” para garantizar que ninguna decisión se tome sin su aval, en un intento por evitar que La Cámpora monopolice las listas municipales.
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