Argentina está última en un ranking de transparencia pesquera, que reúne la disponibilidad de registros de embarcaciones y permisos de pesca en Latinoamérica, según la calificación de organizaciones ambientalistas. La regulación de la actividad de los buques dentro de la Zona Exclusiva (Milla 200) es de vital importancia para la conservación de la vida marina y la supervisión de condiciones laborales dignas. La pesca ilegal es una práctica muy común en Argentina y el mundo. A comienzos de su mandato, Javier Milei quiso desregular esta actividad en lugar de mejorar el monitoreo y la disponibilidad de registros.
Las organizaciones Sin Azul No hay Verde y el Círculo de Políticas Ambientales lanzaron el informe “Acceso a la información pública: antecedentes de registros de embarcaciones y permisos pesqueros”, que revela una situación preocupante para Argentina, que está última en el ranking de países de la región (con flota industrial pesquera) que evalúa la accesibilidad y visibilidad a los datos de embarcaciones.
Esta información es fundamental para evaluar si los operadores están actuando dentro de la ley y de manera sostenible. “Es muy importante contar con un registro en línea de buques pesqueros con información detallada, para conocer si una embarcación está autorizada a pescar en una determinada zona y en un determinado momento; si tiene permiso para pescar ciertas especies o si puede usar determinado tipo de arte de pesca; o si tiene una cuota de pesca y no se ha excedido con esa capacidad; además, cuáles han sido sus antecedentes en las operaciones y si se debe conceder el derecho de acceso a un caladero”, sostuvo Consuelo Bilbao, directora del Círculo de Políticas Ambientales.
Este acceso permite usar la información para el control y vigilancia no solo de parte de los organismos estatales de control sino también de los actores privados y las organizaciones de la sociedad civil. Datos sobre qué compañías operan en el mar argentino –y sus embarcaciones-, los permisos y cuotas de captura asignadas, infracciones, sanciones recibidas, condiciones de la tripulación, etc. son valiosos a la hora de elaborar cualquier argumentación o investigación que busque proteger o fomentar la pesca intensiva.
La Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca de la Nación lleva el registro las personas físicas o jurídicas que explotan el territorio pesquero argentino, “lo que falta es voluntad para abrirla a la ciudadanía, al sector y a los organismos de control”, afirmó Juan Coustet, Coordinador de Investigación de Sin Azul No Hay Verde.
La pesca ilegal es un problema en aguas argentinas y en el mundo y no sólo conlleva pérdidas millonarias en materia de recaudación para el Estado, y pérdidas de vidas marinas, sino que acarrea condiciones de empleo forzoso –es decir violencia física y otras condiciones abusivas-.
En Argentina el control y vigilancia es exiguo ante una masiva presencia de buques extranjeros. “Se estima que en torno a la milla 201 operan no menos de 500 barcos al año, según datos de la Armada Argentina, pero apenas una embarcación cada año y medio es sancionada por pesca ilegal”, advirtió Nicolás Gutman a este diario.
Argentina tiene una de las zonas marinas más ricas en especie y biodiversidad, y por ende una actividad pesquera intensa. Sin embargo, la ilegalidad en las prácticas en la llamada Milla 201 (la primera más allá de la milla hasta la cual el país detenta la soberanía sobre los recursos naturales) ha sido un problema difícil de abordar para los distintos gobiernos.
Y la propuesta de la administración de Javier Milei fue osada y permisiva como pocas a los intereses extranjeros: en el DNU 70/2023 proponía directamente eliminar la Zona Económica Exclusiva en el Mar Argentino (la Milla 200) al eliminar la reserva de la explotación de los recursos marinos a personas físicas o jurídicas constituidas en el país y con mayoría de personal argentino.
En nombre de la desregulación se eliminaban las funciones del Consejo Federal Pesquero, que otorga los permisos de pesca dentro de la Milla 200 a buques que emplean mayoritariamente mano de obra nacional, que realizan inversiones en territorio local, usan flota construída en el país, que tienen menor antigüedad, cierta producción promedio y agregan mayor valor al producto final.
Esta regulación conduce a que las empresas extranjeras se radiquen en Argentina para operar dentro de la Milla. Afortunadamente, por la oposición conjunta de los gobernadores patagónicos y actores de la sociedad civil esta avanzada no prosperó.
En Argentina y en el mundo las operaciones de control y disuasión de la pesca ilegítima suelen acarrear situaciones muy violentas y además los esfuerzos de aplicación de la ley suelen centrarse en el propio buque, su capitán y tripulación sin perjudicar a las grandes compañías pesqueras. Apenas 10 controlan el grueso de la pesca, provenientes de China, Taiwán, Japón, España y Corea del Sur principalmente.
Los subsidios que los Gobiernos otorgan a esos buques y el secreto financiero que rodea a sus propietarios son factores clave a develar por investigaciones que necesitan el acceso a datos que hoy Argentina niega.
Cabe destacar que “exceptuando a Argentina y Colombia, todos los países de la región sudamericana con importante flota pesquera comercial y/o industrial tienen registros o listados publicados que informan sobre sus embarcaciones y medidas administrativas”, sostiene el informe presentado en este artículo.
Respecto a la información, “en Argentina, los datos sobre las embarcaciones, permisos y cesión de cuotas de pesca deben buscarse en las actas y resoluciones del Consejo Federal Pesquero, pero esta información está fragmentada y dispersa, lo que demanda tiempo y dificulta la obtención de información certera”, continúa.
Según sostienen, en los registros mundiales de la FAO, Argentina tiene informados 405 buques pero no tiene cargados datos sobre autorizaciones y licencias de pesca, ni tampoco sobre inspecciones e infracciones.
También se cuenta con una lista parcial de datos para la flota argentina a través de la web de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo –un organismo internacional argentino uruguayo- pero la lista de las embarcaciones en la zona común de pesca no cuenta con datos suficientes (apenas el nombre de la embarcación, su matrícula y eslora).
