La reciente intervención de la empresa estatal Corredores Viales S.A. por parte del Gobierno ha generado un amplio debate en el ámbito político y económico. Esta medida, oficializada mediante el Decreto 244/2025, se enmarca en el proceso de privatización de la compañía, cuyo objetivo es optimizar su funcionamiento y reducir los déficits financieros acumulados en los últimos años.
Corredores Viales S.A., creada en 2017, es responsable de la gestión, mantenimiento y explotación de importantes rutas y autopistas en Argentina. Sin embargo, y lo que derivó en la intervencion del Gobierno, la empresa ha enfrentado serios problemas financieros, incluyendo pérdidas millonarias y una deuda significativa con proveedores.
Según datos oficiales, en 2023 la compañía registró un resultado negativo de $142.000 millones y acumuló pérdidas de $268.000 millones. Estas cifras reflejan la necesidad de una reestructuración profunda para garantizar su sostenibilidad y eficiencia.
La intervención, liderada por Anastasia María de los Ángeles Adem, busca reorganizar las cuentas de la empresa y preparar el terreno para su privatización. Adem, quien asumirá las funciones del Directorio y la presidencia de la compañía, tiene la tarea de realizar una auditoría integral, evaluar el estado financiero y operativo, y elaborar un plan de acción para su reformulación.
Este plan incluirá la revisión de la administración de compras y contrataciones, así como la optimización de la gestión administrativa durante el período de transición. El proceso de privatización de Corredores Viales S.A. ha sido justificado por el Gobierno como una medida necesaria para fomentar el desarrollo de infraestructura vial y mejorar la conectividad en el país.
Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, el modelo de concesión de obra pública por peaje permitirá que las empresas privadas asuman la responsabilidad de ejecutar obras y gestiones necesarias a cambio del derecho de cobrar peajes a los usuarios. Este enfoque busca promover la inversión privada en la mejora de rutas y autopistas, reduciendo la dependencia del financiamiento estatal.
Criticas
No obstante, la decisión de intervenir y privatizar Corredores Viales S.A. ha generado críticas y preocupaciones en diversos sectores. Algunos analistas señalan que la transición hacia la gestión privada debe ser cuidadosamente planificada para evitar interrupciones en la prestación de servicios y garantizar la continuidad de las operaciones.
Además, la disolución y liquidación de la empresa podrían tener implicaciones laborales significativas, requiriendo medidas de mitigación para los empleados afectados. Por otro lado, la intervención también ha desatado tensiones internas en el gabinete, particularmente entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.
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