En la sesión de este jueves, la Legislatura de Misiones sancionó la creación de una Fiscalía de Instrucción Especializada en Ciberdelitos que tendrán amplísimas facultades, incluso la de secuestrar dispositivos electrónicos sin la autorización de un juez penal. La normativa que fue impulsada por el líder del Frente Renovador de la Concordia Social, Carlos Rovira, es resistida por la oposición.
Uno de los artículos cuestionados refiere que el fiscal podrá impulsar el secuestro de celulares y computadoras o cualquier otro dispositivo electrónico en delitos tales como calumnias, injurias e incitación a la violencia “cuando se cometan a través de medios electrónicos, informáticos o plataformas de inteligencia artificial generativa, para crear noticias falsas sobre individuos o instituciones públicas o privadas y sean difundidas a través de medios informáticos, digitales, o cualquier otro soporte”, señala parte del artículo 7.
La norma que impulsó el oficialismo señala que para esos secuestros sólo es necesario que el fiscal cuente con “sospechas fundadas de que hayan sido utilizados para premeditar, realizar, ocultar o encubrir el delito” y que la medida se toma “para su análisis, resguardo y recolección de material probatorio. A tal fin podrá solicitar la colaboración de la Secretaria de Apoyo para Investigaciones Complejas (S.A.I.C.)”, una oficina que depende de la cúpula del Poder Judicial.
El proyecto aprobado por los 28 diputados del oficialismo unifica una iniciativa presentada en su momento por Rovira con otras que fueron impulsadas por otros legisladores, algunos de la oposición.
El dictamen fue aprobado en la Comisión de Legislación General, Justicia y Comunicaciones y este jueves fue tratado en el recinto. Desde la Unión Cívica Radical y el PRO ya habían adelantado que se opondrían principalmente por los artículos 6, 7 y 10 porque “atentan contra la libertad de expresión y pone en riesgo la seguridad ciudadana”.
A través de las redes sociales, el legislador radical Ariel Pianesi sostuvo que “la libertad de expresión no se negocia en Misiones. Estamos de acuerdo en que existan especialistas que puedan investigar a los ciberdelincuentes pero los artículos 6 y 7 de la ley son invotables”.
El radicalismo también se pronunció en forma orgánica. “Bajo la excusa de combatir noticias falsas, el Gobierno pretende otorgar poderes extraordinarios al fiscal de ciberdelitos para secuestrar dispositivos electrónicos y restringir la libertad de expresión de los misioneros” y dijeron que con esta ley “cualquier voz crítica podría ser silenciada sin siquiera orden judicial previa”.
Para el diputado José Luis Pastori, del bloque oficialista, lo de la oposición es “una jugada política para su conveniencia, dejando de lado absolutamente los intereses de los misioneros, lo que realmente les importa y a quienes debemos cuidar”, al tiempo que los acusó de no realizar planteos cuando la norma fue discutida en comisiones.
En el caso de calumnias e injurias, el diputado sostuvo que el fiscal actuará “ante una denuncia, cuando alguien se siente agraviado por alguna cuestión o le han robado la identidad o ultrajado el derecho, recién ahí la ley habilitará a que se tomen como medio de prueba la generación de noticias producidas falsamente. No tiene nada que ver con coartar la libertad de expresión, limitar la libertad de expresión”.
El que también se pronunció en contra de la norma es el abogado local Eduardo Paredes, quien sostuvo que algunos de los artículos son inconstitucionales. “Esta ley se redactó a las atropelladas”, aseguró.
Desde el bloque de legisladores del PRO también atacaron la ley. Dijeron que “genera grave preocupación en nuestro partido” porque “atentan directamente contra la libertad de expresión y ponen en riesgo la seguridad ciudadana”.
Sobre el agente digital encubierto, dijeron que “puede ser utilizado con fines persecutorios en lugar de procurar justicia”, al tiempo que tildaron a la iniciativa de “arbitraria” porque “puede tener consecuencias graves para la democracia y los derechos constitucionales”.
Respecto del “perfil digital encubierto”, la norma señala que “en casos relacionados a delitos complejos, en que resulte indispensable la intervención en incógnito de un agente a través de los canales cerrados de comunicación, entornos y plataformas digitales, el juez puede ordenar la intervención en incógnito de un agente mediante la autorización del uso de un perfil encubierto. Esta metodología es de carácter excepcional y debe emitirse por auto fundado siempre que el éxito de la investigación se encuentre entorpecido y se trate de delitos cometidos a través de medios informáticos que no admitan otra forma de investigación”.
“La actuación de un agente mediante el perfil encubierto debe autorizarse estableciendo la modalidad, la duración y en su caso, la prórroga si se mantienen los motivos que fundamentaron la medida”, señala el proyecto. Y destaca que el juez “debe controlar periódicamente los perfiles o identidades digitales que serán creados y administrados por personal técnico idóneo de la SAIC dependiente del Cuerpo de Investigaciones del Superior Tribunal de Justicia”. Además, una vez concluída la actividad del agente encubierto “el juez debe dejar constancia de la existencia en el legajo judicial”.
“El agente encubierto autorizado por auto fundado, podrá intercambiar o enviar archivos de contenido prohibido o ilegal con la finalidad de: identificar o detener a los autores, partícipes o encubridores, impedir la consumación de un delito o para reunir información, datos, evidencias digitales o elementos de prueba necesarios para la investigación” sin que por ello incurra en delito, Y que esa función estará reservada para funcionarios de la SAIC, que depende del Superior Tribunal de Justicia de la provincia.
