En medio del escándalo por las denuncias de corrupción y la decisión de la Superintendencia de Servicio de Salud de intervenir la Obra Social del Personal Rural y Estibadores (OSPRERA), trabajadores de distintas seccionales de todo el país de la UATRE reclaman que se separe del cargo al secretario general José Voytenco.
El gremio, en tanto, busca frenar la medida con el apoyo del juez de La Pampa Juan José Báric, que había mantenido una intervención judicial de OSPRERA desde marzo de 2023 al 30 de junio de este año.
El Ejecutivo dispuso que Virginia Montero sea la administradora provisoria de OSPRERA por 180 días por «las dificultades en la liquidez y solvencia de la institución, así como un endeudamiento significativo que pone en riesgo su estabilidad financiera a corto y mediano plazo», según indica el decreto 720/24 firmado por el Gobierno.
Ahora, seccionales de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores se movilizan reclamando que se separe del cargo a Voytenco tras las denuncias «por enriquecimiento ilícito y los presuntos desmanejos en el sindicato y la obra social Osprera».
En este sentido, desde las seccionales reclaman que «se lo separe de todos los cargos» y advierten sobre la importancia de «mantener la institución por delante de los intereses personales del Sr. Voytenco y de sus lujos». Denuncian, además, que el dirigente cercano al kirchnerismo y al papa Francisco «no representa en ningún término los valores y la lucha que lleva adelante la UATRE».
El reclamo de una de las seccionales de UATRE.En las últimas horas, las seccionales de UATRE de La Plata, Quequén, Chascomús, Pergamino, San Antonio de Areco, Salto, San Andrés de Giles, Ramallo y Berisso hicieron público su reclamo para que Voytenco sea apartado de su cargo.
Montero, designada por el Gobierno, empezó a revisar los contratos que tenía OSPRERA, la segunda obra social más grande del país, y encontró graves anomalías en el manejo de fondos.
En el comienzo de la auditoría se comprobaron graves irregularidades producto de una situación económica alarmante, a tal punto que el propio juez Baric, a través del interventor que había designado (Acuña), solicitó a la Superintendencia $ 3.350 millones no reembolsables como «apoyo financiero» en octubre de 2023, presentó la rendición el 6 de diciembre del mismo año y fue aprobada por la Superintendencia el 7 de diciembre, ultimo día hábil de la anterior gestión presidencial.
El pedido de la seccional La Plata de la UATRE.También se descubrió que la administración designada por el juez se había autodesignado sueldos millonarios, equivalentes a 25 veces lo que gana en promedio un peón rural, pese a la crisis financiera de la obra social.
En el directorio, los haberes eran de $ 14 millones para el presidente; $ 12,1 millones para el vice, el tesorero y el secretario de actas; $ 11,4 millones para el veedor judicial y $ 8,6 millones para el gerente de legales.
Osprera es la segunda obra social más grande del país: tiene 759.495 afiliados, según registros oficiales de la Superintendencia actualizados en julio de este año. Sólo la supera Comercio, con 1.528.060. Y en el tercer lugar aparece la de Construcción, con 539.739.
Sólo por el Subsidio Automático Normativo de Obras Sociales (SANO), el Gobierno le entregó por los primeros cinco meses de este año un total de $ 691.159.687. Esta asignación apunta a garantizar las prestaciones médicas.
Voytenco, un gremialista cercano a Bergoglio
El secretario general de UATRE, el chaqueño Voytenco, reclamó que se respete el fallo del juez Baric y dijo que “todo esto evidencia que la pretendida intervención de la obra social bajo la mera apariencia formal, esconde la intencionalidad política de interferir indebidamente en los asuntos internos de los sindicatos y sus obras sociales, con el fin de debilitar el movimiento obrero y desprestigiarlo mediáticamente frente a la sociedad”.
UATRE, el sindicato de los peones rurales, ya tenía interna que se potenció tras la muerte del histórico dirigente Gerónimo «Momo» Venegas en 2017. Lo sucedió Ramón Ayala, quien falleció por Covid en octubre de 2020. En ese momento tomó el mando Voytenco, hasta entonces secretario adjunto. En diciembre de 2022 fue reelecto hasta 2026.
Gerónimo «Momo» Venegas, histórico conductor de la UATRE, murió en 2017. Las internas en el gremio se potenciaron a partir de ese momento. En noviembre de 2022, el gremio se vio sacudido por el asesinato a tiros del chofer de Pablo Ansaloni (actual diputado nacional por La Libertad Avanza), quien era vicepresidente de la obra social y candidato opositor a Voytenco.
El crimen ocurrió en la ciudad bonaerense de Colón. El chofer, llamado Mauricio Cordara (45), manejaba un Volkswagen Vento y llevaba a los hijos de Ansaloni tras retirarlos del colegio. Entonces se le acercó un hombre y lo acribilló a balazos a corta distancia. El asesino se escapó a bordo de otro vehículo, robado. La Justicia detuvo a dos presuntos sicarios, así como a otros acusados de contratarlos y de ser partícipes de la logística del homicidio.
En lo que menos pudo avanzar la investigación es sobre los autores intelectuales. Siempre estuvo presente la hipótesis de que el sicario que atacó se equivocó de persona y el verdadero objetivo era el mismo Ansaloni.
El papa Francisco con el secretario general de la UATRE, José Voytenco.Voytenco, que va a cumplir cuatro años al frente del gremio, apenas tomó el control definió a la UATRE como “peronista y oficialista”, por entonces en apoyo al presidente Alberto Fernández.
También, es uno de los sindicalistas más cercano al Papa: viajó en junio último al Vaticano para un encuentro con Bergoglio, en el que le entregó un proyecto suyo que tituló Hambre Cero en Argentina. Todo, en medio de la enorme crisis de la obra social de su gremio.
