El pleno del Tribunal Constitucional que comienza este martes se prevé bronco o cuando menos alejado del ambiente de cordialidad con el que hasta ahora se desarrollaban las reuniones de sus 12 magistrados. ¿El motivo? El comienzo del debate de los asuntos relativos a la ley de amnistía y, con carácter previo, determinar si deben participar todos sus miembros o si alguno debe seguir el ejemplo del exministro Juan Carlos Campo, que voluntariamente se quedará al margen de las deliberaciones.
Para configurar un tribunal más acorde a sus respectivos intereses, el PP y varias de las comunidades autónomas en las que gobierna han recusado al presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, y a la magistrada Laura Díaz Bueso, así como al propio Campo, aunque él se hubiera abstenido directamente y justo por darle la razón y haber dicho que la amnistía era inconstitucional en los informes que proponían el indulto de los condenados del ‘procés’. Al primero le recuerdan que fue fiscal general con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y a la catedrática de Derecho Constitucional que fue asesora en Moncloa.
Por su parte, la fiscalía y la Abogacía del Estado han hecho lo propio con el último juez en incorporarse a la corte de garantías, el exvocal del Consejo General del Poder Judicial José María Macías. Ambas instituciones consideran que participó en la tramitación de la ley de amnistía al firmar el duro informe contra la medida de gracia que hizo el CGPJ a petición del Senado.
Barruntando lo que se avecinaba, el propio Conde-Pumpido reclamó respeto a las resoluciones del tribunal en la toma de posesión de Macías. Y este martes será una buena oportunidad para comprobar si su llamamiento es oído y cómo será el ambiente en el que discurrirán los próximos plenos del órgano de garantías, porque el debate comenzará con la petición del PP para que se aparte de un mero trámite, como es extender a todos los asuntos relativos a la amnistía la abstención de Campo que ya fue aceptada por el pleno en la cuestión de inconstitucionalidad elevada por el Tribunal Supremo en relación con los delitos de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad.
Fuentes del alto tribunal señalan a EL PERIÓDICO que se trata de un escrito del propio Campo «pidiendo que se extienda la abstención ya aprobada por unanimidad a los demás asuntos de la amnistía», 16 recursos y de momento tres cuestiones de inconstitucionalidad, para lo que el propio exministro incorpora una propuesta de resolución, que le había hecho llegar a Conde-Pumpido y que este tenía previsto trasladar al pleno en sus propios términos.
Un trámite para ordenar el debate y los señalamientos, potestad que el artículo 15 de la ley reguladora del Constitucional atribuye al presidente. Aun así, previsiblemente el pleno comenzará discutiendo si realmente puede hacerlo o si tiene que apartarse hasta que se tramite el incidente de recusación presentado en su contra, como el PP esgrime.
Para enturbiar más el ambiente una de las acusaciones populares personadas en el caso Koldo y en la causa abierta contra Begoña Gómez, Iustitia Europa, ha presentado una querella en el Tribunal Supremo contra Conde-Pumpido en el que le atribuye directamente la comisión de un delito de prevaricación.
Aunque la iniciativa tiene escasas de prosperar, porque el artículo 4.2 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional declara que sus resoluciones «no podrán ser enjuiciadas por ningún órgano jurisdiccional del Estado», ya ha obligado al Supremo a dictar una providencia en la que rechaza la suspensión del pleno previsto para hoy, que el escrito solicitaba como medida cautelar.
