La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, fue la que salió a pedirles a sus colegas peronistas del Conurbano bonaerense que salgan a apoyar a su compañero de La Cámpora y también intendente pero de Lanús, Julián Alvarez. «Apuntan a Julián pero vienen por todos nosotros», escribió Mayra el lunes, en el chat que la mayoría de los jefes peronistas del GBA comparten con el gobernador Axel Kicillof.
Los intendentes sienten que el Gobierno está haciendo tiro al blanco con ellos como blancos. El francotirador no sería Guillermo Francos sino el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, quien parece encarar una cruzada personal contra los inoxidables jefes comunales del Gran Buenos Aires. Caputo los acusa de boicotear el plan del Gobierno para bajar la inflación con su decisión de subir las tasas municipales.
«No paran de crear tasas o subirlas. Lo hacen para recaudar más y evitar bajar sus gastos. Pero por sobre todo, intentan que la inflación no siga bajando. Está claro que cada vez que agregan o aumentan una alícuota, se traslada a los precios y le joden la vida a sus propios vecinos», le señalan a Clarín desde el Gobierno libertario.
Intendentes del GBA enfrentados con el Gobierno por el cobro de tasas municipales. La semana que viene, Caputo estaría presentando en la Justicia una demanda para prohibir la Tasa Vial que cobran los municipios y que recae sobre los combustibles.
El argumento del Gobierno es la doble imposición, ya que en los surtidores el litro de nafta ya está grabado. En Economía plantean que sería ilegal agregarle una alícuota para engordar la arcas comunales.
Máximo Kirchner, Damián Selci de Hurlingham Julián Alvarez de Lanús y Mayra Mendoza de Quilmes. . La inmensa mayoría de los Partidos del GBA cobra un extra por cargar nafta en sus estaciones de servicio. No es inocuo: llenar el tanque en esas comunas suele salir más caro que en otros lugares donde no aplican la alícuota. Sólo Tres de Febrero, San Martín, Esteban Echeverría, San Miguel, Morón y próximamente San Isidro, no tienen Tasa Vial.
«No es poca guita. Significan unos $1.000 millones anuales», apunta un intendente.
Consultados por este diario, los intendentes que la cobran señalan que no es ilegal. Y que lo recaudado se usa para mantener las calles y avenidas de sus respectivos distritos en un contexto de crisis económica que, según resaltan, pocas veces vivieron.
En datos: comparado con el año pasado, durante los primeros ocho meses de este año los intendentes del GBA recaudaron un 12% menos en la tasa de Seguridad e Higiene. Por eso, muchos de ellos aplicaron un aumento de ese tributo a los grandes comercios como supermercados y bancos.
Los que picaron en punta fueron Hurlingham y Lanús, ambos gobernados por La Cámpora. Mientras que en el resto de los municipios el promedio de esta tasa está entre el% 1 y 3%, en esas comunas se acercan al 6%. Esta alícuota se aplica sobre la facturación. Además, hubo otros municipios que hasta crearon nuevas tasas como al «envasado».
Mayra Mendoza se defendió acusando al Gobierno. “Es obvio que sólo buscan castigar a los municipios impidiéndonos cobrar lo que nos permite tener las calles iluminadas», replicó.
Como sucede con las naftas, en los supermercados también las mayores tasas encarecen los productos. Muchos aseguran que la brecha de inflación que históricamente suele haber entre índice general que estima el INDEC y el del Conurbano, crecerá por la aplicación de tasas locales.
Una de las represalias que el Gobierno adoptó para pelear contra los que ellos consideran un boicot de los intendentes fue prohibir cobrar tasas locales en la facturas de luz. Este miércoles, el juez federal de Campana levantó esta medida. El fallo solo se aplicará en Pilar, que hizo la presentación, pero podrían sumarse otras administraciones.
“Ante reiteradas denuncias públicas sobre municipios que incluyen tasas locales en la facturación de servicios esenciales tales como la luz y el gas, la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía dispuso, a través de la Resolución 2024-267, que las facturas de servicios esenciales deben contener de forma única y exclusiva la descripción y el precio correspondiente al servicio contratado por el consumidor, quedando prohibido incluir cargos ajenos a la naturaleza del servicio”, había anunciado el jefe del Palacio de Hacienda.
En realidad, en el caso del GBA, son las propias empresas eléctricas las que quieren que el «alumbrado» municipal aparezca en la facturas. Así, Edenor y Edesur se garantizan que los intendentes les paguen. En general, las municipalidades de tamaño intermedio suelen gastar unos $ 600 millones mensuales por el consumo de luz en las calles, plazas y dependencias comunales.
