Ante la decisión del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) de suspender cualquier medida de prueba en el caso Hotesur-Los Sauces hasta tanto la Corte Suprema de Justicia no se pronuncie sobre una apelación de Cristina Kirchner, el fiscal general Diego Velasco acudió a la Cámara Federal de Casación Penal para revertir ese criterio. En el escrito al que accedió Clarín, sostiene que se debe avanzar en una serie de medidas de prueba que incluyen terminar pericias sobre los hoteles de la expresidenta, para que, si el máximo tribunal confirma la realización del juicio, inmediatamente se pueda fijar fecha para iniciarlo.
Mientras la Corte Suprema de Justicia debe resolver si confirma la decisión de que Cristina Kirchner vuelva al banquillo de los acusados en la causa Los Sauces-Hotesur por presuntos hechos de corrupción -en esta ocasión junto a su hijo Máximo Kirchner- el fiscal general de juicio acudió a la Casación Federal para que el TOF 5 impulse una serie de medidas de prueba de cara al juicio oral.
Al menos doce funcionarios judiciales de diversas instancias coincidieron en Cristina, su hijo, Cristóbal López, Fabián De Sousa y Lázaro Báez deben ir a juicio oral. A ese criterio se sumó la Sala I de la Cámara de Casación el 18 de septiembre de 2023, cuando ordenó la reapertura del expediente y en consecuencia, la realización del juicio. Ya pasó casi un año y esto no sucedió.
La ex presidenta, Máximo Kirchner y Lázaro Báez, entre otros, acudieron a la Corte para revertir ese criterio y evitar el juicio. La llave de este caso la tiene el máximo tribunal, que recientemente ordenó una nueva sentencia en el caso Oil Combustibles, donde habían terminado absueltos Cristóbal López y Fabián De Sousa, siendo Ricardo Echegaray el único condenado por administración fraudulenta.
Mientras se aguarda la decisión de los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el fiscal Velasco presentó un recurso ante la Casación, después de que el TOF 5 resolvió, el 12 de julio pasado, suspender cualquier medida previa de prueba hasta tanto no se conozca la palabra final de la Corte.
El TOF 5 se encuentra integrado para este juicio, por la jueza Adriana Palliotti (la única que desde un comienzo sostuvo que el juicio era la mejor instancia para defenderse de las acusaciones), José Michilini y Nicolás Toselli.
El fiscal que intervendrá en el juicio se opuso a que el trámite se suspenda porque entiende que mientras la Corte Suprema continúa analizando el caso que ingresó a su orbita a finales del 2023, se pueden ir realizando diversas medidas de prueba suplementaria que refuerzan y complementan lo tramitado en la etapa de instrucción, y así, ganar tiempo. Es decir: si el máximo tribunal confirma la decisión de la Sala I de la Casación que fue reabrir el caso y que el juicio se realice, sólo restará fijar fecha de inicio ya que todas las medidas estarán concluidas.
Las medidas del fiscal
Este expediente conocido como Los Sauces-Hotesur investiga una maniobra de lavado de activos en la que, según sostiene la acusación, tanto la inmobiliaria como la firma hotelera de la familia Kirchner se utilizaron como “pantallas societarias”, para el reciclado de una porción de los fondos que Lázaro Báez (a través de la obra pública vial) obtenía y bajo este esquema a modo de retorno, regresaba al patrimonio de la familia Kirchner.
A la hora de enumerar las pruebas que fueron surgiendo en otros expedientes y que el fiscal Velasco quiere incorporar a este caso, se refirió al “entrecruzamiento de llamados entre el teléfono” de Cristina y sus allegados “como también del teléfono del imputado Lázaro Báez”. Se trata de un informe confeccionado por la oficina de escuchas judiciales, DAJuDeCO, en el marco de una causa residual vinculada a la Ruta del Dinero K, donde por decisión de la Casación, la ex presidenta sigue bajo investigación por el presunto lavado de dinero.
En el marco de ese expediente, el fiscal Guillermo Marijuan había ordenado un entrecruzamiento de comunicaciones telefónicas entre el dueño del Grupo Austral y la vicepresidenta y sus principales colaboradores, entre octubre de 2010 y abril de 2013, que fue el lapso en el que Báez logró lavar 55 millones de dólares.
Se estudió el cruce de llamadas entre 84 abonados, divididos en dos grupos (el primero correspondiente a teléfonos vinculados a Cristina Fernández, incluidas líneas personales y las de sus secretarios privados y/o colaboradores, y el segundo, correspondiente a abonados atribuidos a Lázaro Báez), en el período comprendido entre octubre de 2010 y abril de 2013, “determinó la existencia de 372 comunicaciones entre sí”.
Por otro lado, se pidió que el Tribunal incorpore como medida de prueba todos los informes periciales de los dispositivos electrónicos que pertenecían a José López, el ex secretario de Obras Públicas kirchnerista.
Como fundamento de este pedido, Velasco dijo que a través del equipo celular “surgen comunicaciones con varios de los imputados de estas causas, lo que permitirá analizar y determinar a esta parte la implicancia que tiene el contenido de las diversas comunicaciones que se han detectado desde y hacia esa línea y evaluar su vinculación con los hechos aquí ventilados”.
Entre otros aspectos, el fiscal general recordó que el celular de José López fue parte de los alegatos a de su par de juicio, Diego Luciani, en el juicio Vialidad, donde Cristina Kirchner, Lázaro Báez y un grupo de ex funcionarios como López, terminaron condenados por el delito de administración fraudulenta.
Documentación sensible
Por otro lado, Velasco insistió en la remisión de la totalidad de la documentación que refleja la maniobra que condujo a todos los imputados a la instancia de juicio oral.
En función de los acuerdos comerciales entre el dueño del Grupo Austral y la familia Kirchner, tanto Velasco como Mario Villar (fiscal ante la Casación) entendieron que “el lavado no se agota en Lázaro Báez” y que hay que tener en cuenta que en este expediente las operaciones de blanqueo se “realizaron para que el dinero llegue con apariencia de licitud a los titulares de las empresas Los Sauces y Hotesur, mediante contratos simulados e innecesarios».
Se unió así el caso Vialidad con Hotesur y Los Sauces. El circuito indicado por el Ministerio Público Fiscal indica que con el pago inicial del Estado “era Lázaro quien lavaba el dinero, pero en los pasos siguientes lo lograban lavar los destinatarios finales», es decir: Cristina Kirchner y su familia.
Uno de los puntos considerados por la fiscalía es que el dueño del Grupo Austral también fue condenado por lavado de dinero a doce años de prisión en la Ruta del Dinero K. Para los fiscales que buscan que se haga el juicio de Hotesur, el contratista recibía los fondos para obras públicas viales, y “después una porción era volcada a maniobras de blanqueo” a través de las empresas de los Kirchner.
