Alberto Fernández se había opuesto a la decisión del fiscal federal Ramiro González de peritar el celular de Fabiola Yañez. Sin embargo, en una resolución a la que accedió Clarín, el juez Julián Ercolini rechazó el planteo del ex presidente y reiteró que el procedimiento de extracción de información del dispositivo de la ex primera dama, se hará «bajo los protocolos de preservación de la evidencia digital vigentes, a fin de asegurar correctamente su contenido y cadena de custodia».
Este lunes y después de que la Cámara federal porteña confirmara que el caso por presuntos hechos de violencia de género contra Alberto Fernández, continuará tramitando en Comodoro Py, otro revés judicial fue notificado el ex Jefe de Estado: su apelación a la resolución que habilitó la apertura del celular de Yañez fue rechazada in limine.
Alberto Fernández es el único imputado en este caso. La fiscalía le atribuyó nueve hechos desarrollados desde 2016 hasta la fecha. Los escenarios en los que los episodios se produjeron y que califican como lesiones leves y graves, fueron variados. Para corroborar las acusaciones entre las que se incluye abuso de poder y de autoridad, más amenazas coactivas, es que el fiscal González impulsó un conjunto de medidas que se concentran en la información del celular de Fabiola Yañez.
Ante el pedido del Ministerio Público Fiscal, el juez federal Julián Ercolini resolvió que la medida de prueba era pertinente y autorizó que la misma sea impulsada. Sin embargo, días después, Alberto Fernández se opuso al procedimiento de apertura del celular de la ex primera dama.
Al analizar la situación, en una nueva resolución a la que accedió Clarín, el magistrado rechazó el planteó de Alberto Fernández reiterando su criterio: «es pertinente a la investigación disponer la realización de una copia forense del teléfono celular de Fabiola Yañez».
Más adelante, el magistrado consideró que era «improcedente» el reclamo del ex presidente de la Nación. «De esta manera y conforme fuera ordenado por el suscripto, dicha diligencia de resguardo se llevará a cabo en cumplimiento de todos los protocolos de preservación de la evidencia digital vigentes, a fin de asegurar correctamente su contenido y cadena de custodia, sumado a que será realizado en cooperación con el Ministerio Público de España», expresó Ercolini.
El juzgado consideró que la medida de prueba a realizarse en Madrid «no veda la facultad de la defensa de controlar esa diligencia probatoria, en la medida en que existe la posibilidad de interacción a través de medios digitales, lo que permitirá eventualmente y de así considerarlo el señor Fiscal instructor, observar la trazabilidad desde la obtención del teléfono celular y el resguardo e integridad de la prueba digital que se obtenga».
Para brindar mayores garantías, Ercolini indicó que la defensa «podría procederse a la filmación ininterrumpida de la diligencia o a su transmisión en vivo para el control del eventual perito de parte que la defensa de Alberto Fernández proponga».
Ante la medida que implementará el fiscal Ramiro González, se explicó que “debido a las características del acto, la naturaleza del hecho investigado y su trascendencia pública” desde el Ministerio Público local como el de España, se deberá citar a Fabiola Yáñez en la dependencia que “pudiere corresponder para que aporte su equipo de telefonía celular; se efectúe en ese momento la copia forense requerida y se devuelva el equipo una vez finalizado el procedimiento”.
En cuanto a los procedimientos que deberán garantizar la cadena de custodia de la prueba solicitada, se indicó que hasta que esa información llegué a la fiscalía “deberá ser remitida a través valija diplomática”.
Desde el Ministerio Público Fiscal se explicó que la extracción del contenido del teléfono de Yañez responde a consolidar una serie de aportes que realizó la ex primera dama: videos donde se la ve golpeada y aplicándose un tratamiento para aminorar los signos de los moretones, como también más conversaciones mantenidas con Alberto Fernández. Por pedido del fiscal González, todo ese conjunto de comunicaciones y registros fílmicos que realizó Yañez fue remitido al juzgado para que se suba al expediente y así la defensa del ex presidente -a cargo de Silvina Carreira- pueda acceder a la prueba.
Carreira había planteado la necesidad de «presenciar y controlar la producción de la prueba», por «razones legales y técnicas que se suman a la ya esbozadas: la realización de la pericia informática en territorio nacional, a partir del dispositivo original o de una copia forense realizada en presencia de un perito de parte y bajo control judicial».
La defensa sostenía que «es la única forma de garantizar la Integridad de la Evidencia, debido a que se asegura así un mayor control sobre la cadena de custodia y se minimizan los riesgos de manipulación o contaminación de los datos. Por otro lado, es sólo de esta manera que la pericia se realiza de acuerdo con las normas y estándares técnicos establecidos en nuestro país, lo que garantiza la ulterior admisibilidad de la evidencia en el proceso judicial”.
