«Hay que esperar la definición de Economía«, sentencia un funcionario que, de este modo, se circunscribe al mantra que el propio Javier Milei ha reiterado hacia quienes le han hecho consultas tales como cuándo se van a descongelar los sueldos del alto funcionariado. En este caso, la argumentación se vincula con una idea que menea un sector del oficialismo: qué mecanismo adoptar para atemperar el irremediable costo político que ocasionará el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria.
Si bien en Presidencia aseguran que «por ahora» no se estudia otorgar una mejora en los haberes que perciben mensualmente los jubilados, la calificada fuente oficial consultada dijo que una alternativa podría ser incrementar el monto del bono de $70 mil que cobran los jubilados y pensionados de la mínima, en.una cifra que oscilaría entre los $10 mil y los $20 mil. Este lunes los técnicos de la Anses y del Palacio de Hacienda, de hecho, deberían oficializar el ingreso extra de septiembre que cobran los beneficiarios desde los tiempos de Sergio Massa en el poder para intentar mitigar la escalada inflacionaria.
En la reunión del viernes con los bloques legislativos propios y aliados, el Presidente fue taxativo al justificar la anulación de la normativa que sancionó hace unos 10 días el Senado no sólo por el alto costo fiscal sino que demandaría su aplicación sino porque haría ingresar el Ejecutivo en un «callejón sin salida» porque más adelante surgirían nuevas demandas que harían imposible el equilibrio de las cuentas públicas. El financiamiento a las universidades asoma en el horizonte cercano, por caso.
Sin embargo, en ese encuentro celebrado en el primer piso de la Casa Rosada quedó sobrevolando la posibilidad de que el Ejecutivo otorgue el 8,1 % de recomposición extra que planteaba la ley. Hasta el momento esa idea es rechazada por la mesa chica presidencial pero los sectores «dialoguistas» insisten en que una medida de ese tipo serviría para descomprimir la tensión y aunar voluntades que impidan nuevamente la conformación de una mayoría que, en este caso, busque anular el veto presidencial en la Cámara baja.
Pero un sector del oficialismo entiende que la anulación de la normativa que otorga una mejora en los ingresos de un sector vulnerable, además de centrarse en asistir a las provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias, puede generar un malestar social similar al registrado con el ajustazo a los fondos de las universidades nacionales que, parcialmente, fue corregido luego de una masiva marcha a plaza de Mayo.
Uno de los diputados que participó del cónclave del viernes en el Salón de los Científicos estimó, no obstante, que la mejora en los haberes de los adultos mayores podría discutirse en la mesa política que decantó ese encuentro y que sería encabezada en dos semanas por el jefe de gabinete, Guillermo Francos. Esa instancia de diálogo político, por lo pronto, tendrá como objetivo obturar cualquier intentó del kirchnerismo por impulsar una anulación al veto presidencial a la ley de jubilaciones.
Lo que busca un sector del oficialismo, en última instancia, es intentar enviar un gesto a la sociedad luego de una medida antipática como es la anulación de una norma que recompone los magros haberes jubilatorios. «Algo van a hacer», se ilusiona el legislador consultado y sugiere que, en todo caso, que el gasto que requería reconocerle el monto que perdieron los jubilados por el famoso «empalme» entre la fórmula de actualización pasada y la actual, que ha sido estimado en un 8,1% de incremento, podría obtenerse mediante una reasignación de partidas.
