Confirmado el veto total por el presidente Javier Milei, el Gobierno hace cuentas y trabaja para impedir que en alguna de las dos cámaras del Congreso la oposición reúna los dos tercios necesarios para ratificar la reforma previsional. Y para eso busca nuevamente como aliados a los gobernadores, que mantienen sus reclamos por los fondos discrecionales y la reactivación de la obra pública.
La Casa Rosada intenta persuadir con la advertencia de que si es promulgada la ley impulsada por el grueso de la oposición tendrá que hacer recortes en otras partidas para garantizar el déficit cero. Una herramienta a la que apeló al inicio de la gestión cuando pujaba por la aprobación de la Ley Omnibus y que, entiende, le puede servir para quitarle impulso al proyecto que modifica el DNU 274 y, entre otros puntos, dispone un aumento -retroactivo a abril- del 7,2% y la actualización mensual según el Indice de Precios al Consumidor en los haberes previsionales.
Al justificar su decisión de recurrir al veto, Milei consideró que la ley implica “quebrar el sistema previsional y arruinarle la vida a los argentinos” ya que representa “un incremento de la deuda de US$370.000 millones, a perpetuidad”.
Y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, consideró que “en lo inmediato implica un gasto extra de 7 mil millones de dólares para el año que viene”.
Con este argumento, en la Casa Rosada descartan incluso la posibilidad de que haya un veto parcial, a los artículos 2, 4 y 10, como se llegó a analizar tras las primeras horas de la aprobación del texto en el Senado.
“La decisión del Presidente está tomada. Con respecto al tema burocrático entiendo que hay 10 días hábiles para proceder al veto, así que no sé si eso va a estar publicado esta semana o no, ya veremos cómo avanza administrativamente”, explicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, este lunes en su habitual conferencia de prensa, al referirse a los motivos de la demora en la publicación del veto.
Aunque la idea es dilatar los plazos, y por eso nadie se quejó que no llegó la comunicación del Senado; el Gobierno sabe que la oposición, por impulso del kirchnerismo y de los sectores más refractarios a Milei que integraron Juntos por el Cambio, tiene previsto intentar ratificar la ley una vez que se concrete el veto presidencial.
“Los trataremos de convencer, para que no insistan y de que no tengan el número para insistir”, dijo este domingo Francos en Canal 9.
El cálculo en Diputados, donde se debatirá primero, muestra al Gobierno con 73 votos -si suma los propios y los 35 del PRO, incluido los que responden a Mauricio Macri-, todavía muy lejos de los 87 necesarios para neutralizar los dos tercios. Siempre, claro, que se sienten los 257 legisladores.
En el Gobierno confían en la influencia de los gobernadores para conseguirlo.
“Tienen que tener en claro que los diputados y senadores que les responden pueden votar lo que se les ocurra, pero que después vamos a sacar los fondos de otro lado y que no nos va a temblar el pulso para recortar otras partidas y seguramente va a haber provincias que se van a ver más afectadas. El déficit cero es innegociable”, es el mensaje de un estrecho colaborador del Presidente, ante la consulta de Clarín.
Esa no sólo va a ser una carta en la negociación con los bloques de la oposición en el Congreso sino parte del repertorio discursivo que desplegarán los voceros oficiales en sus apariciones mediáticas. La idea es exponer a los que el Presidente considera “degenerados fiscales” y responsabilizarlos por la eventual poda en otras partidas.
Antes, de todos modos, el Gobierno tiene una instancia más para poner sobre la mesa: los asesores jurídicos de Milei entienden que el proyecto “no pasa el filtro constitucional” porque no establece “cómo se debe financiar el gasto” que supone el aumento de las jubilaciones y se prepara para impugnarlo en la Justicia.
“Tal como está redactado, si se judicializa tenemos todas las de ganar”, asegura una espada judicial que ya se prepara para esa batalla.
