“De las 600 empresas de medicina prepaga, solo 10 están inscriptas por completo… además hay 60 prepagas que no nos consta que estén trabajando y las estamos dando de baja. Adicionalmente, hay un segundo grupo de 70 entidades y otro tercer grupo de unas 80, que también estamos observando”. Con estas palabras, el superintendente de Servicios de Salud, Gabriel Oriolo, reveló que próximamente podrían cerrar cerca de un tercio de las empresas de medicina prepaga que en hay en la Argentina.
Oriolo no dio ninguna entrevista (algo que, por cierto, no suele hacer), pero este jueves al mediodía participó como expositor del VI Congreso de Salud Adecra+Cedim 2024 (cámara que nuclea unos 400 instituciones de salud) en un panel titulado “Actualidad político-sanitaria. La mirada desde el Estado”. Debía presentarse junto a Mario Russo, pero en el primer minuto de la presentación se supo que el ministro de Salud había faltado a la cita.
Según clarificaron a este medio colaboradores de Oriolo, el listado de 60 instituciones que la Súper ya cerró este mes fue publicado en el Boletín Oficial. Explicaron que son todas empresas que se habían inscripto como prepagas en 2012, pero jamás presentaron ningún papel o tuvieron afiliados, de modo que, pudieron concluir, no están activas. Adicionalmente, otros dos grupos aun mayores (de cerca de 70 y 80), completarían la gran tanda de entre 180 y 200 entidades de medicina prepaga que el Gobierno estima dar de baja en los próximos meses.
En el encuentro, Oriolo -que viene de trabajar en el sector privado y jamás había asumido una función pública- enfatizó el “desorden” que encontró en la Súper al asumir. Se trataba, destacó, “de una Superintendencia que no cumplía con las funciones para las que había sido creada”.
Con respecto a las obras sociales nacionales (uno de los grandes grupos que la Súper debe fiscalizar), explicó que están controlando sus deudas y haciendo una análisis financiero de cada entidad para comprender si tienen la solvencia -en el sentido de «los recursos»- para brindar la cobertura que prometen.
Se refirió críticamente a las obras sociales que participan de la famosa “triangulación”, derivando aportes a las prepagas: “La triangulación no es gratis. Quien triangula, se queda con una parte. Pretendemos que esa triangulación desaparezca porque no genera ningún valor. La diferencia del peaje la paga el beneficiario”. Sin embargo, aclaró, “hay resistencias y hay dudas”.
Las obras sociales con menos de 5.000 afiliados
“Lamentablemente, va quedar gente e instituciones en el camino”, confesó con dureza Oriolo, en un pasaje de la exposición (que en total duró cerca de una hora) en el que se enfocó en las obras sociales con menos de 5.000 afiliados, un tema que ha despertado bastante polémica en el sector.
Se trata de 70 entidades, sobre las cerca de 290 que fiscaliza la Superintendencia, que reciben una porción del Fondo Solidario de Redistribución, una suerte de pozo que recauda parte del aporte de los empleados en relación de dependencia. Dicho de otro modo, ese fondo, que está quebrado hace años, envía en forma automática una porción del dinero que junta a estas obras sociales con pocos afiliados.
La denuncia de Oriolo este jueves consistió en remarcar que, en definitiva, la Súper estaba «subsidiando el no crecimiento”, en el sentido de que estas entidades habrían estado rechazando históricamente nuevos afiliados para poder seguir recibiendo ese dinero, quedando siempre «con cuatro mil y pico afiliados”.
“Estamos buscando racionalizar la forma en que se distribuyen los recursos”, apuntó, y subrayó: “Si uno analiza la inversión de salud en los tres subsistemas, Argentina destina cerca del 10% del PBI. Comparando con otro países, somos los que más invertimos en salud. Sin embargo, tenemos a financiadores, beneficiarios y al resto de los actores descontentos”.
Las multas a las entidades de salud
Oriolo recordó que la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) es el organismo que recibe los reclamos por incumplimiento “si el financiador no cumple como debería”. Sin embargo, esto no vino funcionando bien, dijo.
“Cuando empezamos a trabajar, ese proceso tomaba 13 pasos. Cuando hablamos de la burocracia del Estado, es esto: tenía 13 pasos y recién ahí la Súper tomaba una decisión, que consistía en exigirle a la compañía que cumpliera con lo que no cumplía. Podía ser algo relacionado a un valor o una prestación, pero recién ahí accionábamos”.
Ahora, dijo, vienen trabajando en reducir esos tiempos y procesos, que habrían quedado en solo “cinco pasos”, aseguró, luego de remarcar de varias maneras que “pasaban años” en esas gestiones, y que incluso se encontraron con “expedientes de la prepandemia; de gente reclamando alguna cosa de salud”
Oriolo se jactó además de que, “en lo que va de la actual gestión se lograron multiplicar por 25 las multas aplicadas en los cuatro años previos”.
Informó que en 2023, la Súper “no había aplicado ninguna”, que “en 2022, fueron solo cuatro multas y en 2021 tampoco se aplicó ninguna”.
Por otro lado, se modificaron los montos: “Eran realmente irrisorios. No es que uno busque aplicar multas para recaudar, pero sí para que las empresas cumplan con lo que corresponde”.
Del PMO a discapacidad: las próximas acciones de la Superintendencia
“Ya estamos trabajando sobre el Plan Médico Obligatorio, que quedó antiguo y lo estamos modernizando. Estamos haciendo participar en esto a distintos actores del mercado”, informó el superintendente, en una enumeración que hizo de los desafíos que se impuso para su gestión. No dio detalles sobre si podría haber recortes en esa sideral cobertura de salud.
Además se refirió a la siempre postergada agencia de evaluación de nuevas tecnologías: “Es un tema recurrente. Escucho de este tema desde que era chiquito (risas). Estamos definiendo la normativa… llevando propuestas”.
Por fin, cerró con algunos tópicos particularmente sensibles. El primero fue discapacidad: “No porque querramos recortar sino porque queremos que reciba el dinero quien realmente lo necesita. El tema merece una atención importante”.
En segundo lugar habló de las prestaciones de alto costo, tema que definió como “complicado”, por dos cuestiones. La primera es que la mayor parte de lo que se recauda vía el Fondo Solidario de Redistribución va a parar automáticamente a las prestaciones por discapacidad, de modo que para cubrir las de alto costo queda un monto muy bajo.
En segundo lugar, por un tema de «plazos». Es el tiempo que lleva devolver el dinero a los prestadores; dinero que sale del Fondo Solidario y que la Súper entrega a los prestadores, pero con las obras sociales como intermediarias.
Oriolo dijo que el problema no es tanto el plazo que le lleva a la Superintendencia entregar el dinero como los tiempos que se toman luego las obras sociales para mostrarle a la Súper que, efectivamente, usaron el dinero entregado en cubrir la prestación de alto costo en cuestión. Dicho de otro modo: la demora queda revelada en la rendición de cuentas que deben hacer las obras sociales frente a la Súper.
“El plazo que se tomaban era 60 días”, explicó Oriolo. Consultados por mayores precisiones, desde la Superintendencia indicaron a este medio que lograron reducir ese plazo a 20 días hábiles.
AS
