Una sentencia del tribunal de Erfurt (Alemania) ha reconocido por primera vez los derechos inherentes de la naturaleza en el contexto del escándalo del diésel, basándose en el derecho a la vida y a la integridad física reconocido por la UE.
El llamado escándalo del diésel ha sido noticia desde 2015, cuando se descubrió que muchos de los coches de VW que se vendían en Estados Unidos tenían un «dispositivo de desactivación» (o software) en los motores diésel.
Gracias a este dispositivo, cuando los coches funcionaban en condiciones controladas de laboratorio, el dispositivo ponía al vehículo en una especie de modo de seguridad en el que el motor funcionaba por debajo de la potencia y el rendimiento normales. Una vez en la carretera, los motores salían de este modo de prueba y emitían contaminantes de óxido de nitrógeno hasta 40 veces superiores a los permitidos en Estados Unidos.
Desde entonces, millones de conductores de diésel, tanto de Estados Unidos como de Europa, se han visto afectados por el escándalo, mientras las indemnizaciones por la manipulación ilegal de emisiones por parte de las empresas automotrices ascienden a unos 4.400 de millones de euros.
Nueva dimensión
Sin embargo, la investigación judicial del escándalo del diésel ha adquirido una dimensión completamente nueva en un litigio que ha resuelto el tribunal regional de Erfurt, la capital del Estado federal de Turingia: por primera vez, un tribunal alemán reconoce los llamados derechos inherentes de la naturaleza que deben tenerse en cuenta “de oficio”, informa el Frankfurter Allgemeine Zeitung.
El Tribunal Regional de Erfurt examinó si los derechos de la naturaleza derivados de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE podían desempeñar un papel en los casos de gases de escape de diésel.
Considera que la Carta de los Derechos Fundamentales es aplicable en los casos de diésel determinados por el Derecho de la UE y que los derechos de la naturaleza pueden fortalecer la protección en los casos de diésel a favor de los compradores de automóviles perjudicados por la estafa.
Derecho comunitario
La sentencia de Erfurt se basa en los derechos inherentes a la naturaleza incluidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, en particular el derecho a la vida y el derecho a la integridad física, según los cuales un alto nivel de protección del medio ambiente está incluido en la política de la UE.
Según la sentencia, “personas” en el sentido de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE no son sólo las personas físicas, sino también la naturaleza o ecosistemas como ríos o bosques que se ven afectados por el escándalo diésel.
En declaraciones a Legal Tribune Online (LTO), el juez Martin Borowsky, que firma la sentencia, considera que se abren nuevos caminos «no desde un punto de vista científico, sino ciertamente desde el punto de vista jurisprudencial», aunque la mención de los derechos de la naturaleza probablemente tenga un significado principalmente simbólico.
Puerta trasera
Cabe señalar que los derechos de la naturaleza se tienen en cuenta en un caso de emisiones de diésel, es decir, una cuestión de derecho privado en el que un comprador exige una compensación al fabricante. A diferencia de debates anteriores sobre los derechos de la naturaleza, no se trata de hacer valer los derechos de un ecosistema.
La sentencia, más bien, plantea que los derechos de la naturaleza establecen un “sistema objetivo de valores” e “influyen en la relación jurídica entre particulares”, por lo que se considera que los derechos de la naturaleza han entrado en la sala del tribunal de Erfurt “por la puerta de atrás”.
Un contexto propicio
Durante las últimas dos décadas, las relaciones entre los seres humanos, la naturaleza y el derecho se han convertido en un importante tema de investigación en todo el mundo, informa el Instituto Max Planck.
La naturaleza ha sido reconocida como sujeto jurídico en países tan diversos como Ecuador, Bolivia, Nueva Zelanda, India y Uganda. El río Klamath en California (USA) también ha sido declarado persona jurídica.
Este movimiento global también ha llegado a Europa, donde la implementación de los Derechos de la Naturaleza ya se está discutiendo y buscando en varios países.
España, pionera en Europa
España ha sido pionera en el viejo continente. En septiembre de 2022, la laguna salada del Mar Menor fue reconocida como entidad jurídica independiente, convirtiéndose en el primer ecosistema de Europa con derechos propios.
Alemania también está posicionándose: promueve un referéndum en Baviera para conceder a la naturaleza un estatus de sujeto legal. Además, el Tribunal Constitucional y el Bundestag han ampliado el alcance de la responsabilidad política: con la sentencia sobre la Ley de Protección del Clima se discute un “derecho de las generaciones futuras” y con la Ley de la Cadena de Suministro se exige a las empresas una responsabilidad global.
Pero, como reconoce el abogado constitucionalista Jens Kersten, todavía no es suficiente si se quiere avanzar en la adecuación de la Constitución y del sistema jurídico alemán a los desafíos de nuestra época. La sentencia del tribunal regional de Erfurt representa un impulso hacia ese cambio, que tampoco dejará indiferente a Europa.
Algo está cambiando.
