Pedro Sánchez encara una apertura del curso político más complicada de lo habitual para un dirigente ya de por sí acostumbrado a caminar casi siempre por el alambre. La reciente investidura de Salvador Illa como president supone un trascendental “cambio de etapa”, insisten los socialistas, dejando atrás una larga década de gobiernos independentistas. Pero también ha provocado que se desplacen dos piezas fundamentales para el Ejecutivo central. Numerosos barones del PSOE rechazan el concierto económico para Catalunya pactado con ERC a cambio de su apoyo al exministro de Sanidad, en un movimiento crítico dentro del partido que lidera Sánchez mucho más transversal que en otras ocasiones. La llegada de Illa a la Generalitat también ha alejado a Junts, con los posconvergentes poniendo obstáculos a la tramitación de los Presupuestos y la Moncloa empezando a interiorizar que es probable que las cuentas públicas del año que viene no estén aprobadas antes del 1 de enero. Y el socio minoritario de la coalición, Sumar, se encuentra más débil y dividido que nunca.
El PP huele la sangre y se dispone a profundizar en la herida. El próximo 6 de septiembre, Alberto Núñez Feijóo reunirá a todos sus líderes territoriales para organizar la ofensiva contra el cupo catalán, en una iniciativa que busca avivar el conflicto interno en el PSOE. Los conservadores también han pedido la comparecencia de Sánchez en el Congreso para dar cuenta del acuerdo fiscal con los republicanos y la visita a Barcelona y posterior fuga de Carles Puigdemont. Si no logra sacar adelante los Presupuestos, los populares aseguran que el presidente del Gobierno estará “hundido” y no tendrá más remedio que dar por finalizada la legislatura, marcada hasta ahora por la sequía legislativa, y convocar elecciones generales. Como muy tarde, a principios de 2026.
Pero en la Moncloa rechazan de plano este vaticinio. El peligro de un anticipo de los comicios quedó despejado con las elecciones europeas del 9 de junio, cuando el PP obtuvo dos escaños y cuatro puntos más que el PSOE, pero se quedó muy lejos del objetivo que se había trazado Núñez Feijóo. El mandato de Sánchez, aseguran sus colaboradores, será de cuatro años y llegará hasta finales de 2027. Por muy adversa que sea la coyuntura, continúan, el jefe del Ejecutivo se mantendrá hasta entonces en la Moncloa. No hay “ninguna mayoría alternativa” a la que él construyó a mediados del pasado noviembre, con el PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria alcanzando los 179 votos en el Congreso de los Diputados.
Mientras tanto, insisten los colaboradores de Sánchez, el PP y Vox se encuentran más alejados que nunca, después de que el reparto entre territorios de menores migrantes no acompañados hiciera que la formación ultra saliese de las coaliciones que compartía con los conservadores en varias comunidades. Santiago Abascal ha ceñido esta brecha a las autonomías y no al Congreso, pero en cualquier caso Feijóo y él solo reúnen allí 170 escaños, seis por debajo de la mayoría absoluta. Y por mucho que Puigdemont haya amenazado en algún momento con la idea de que sus siete diputados podrían llegar a apoyar una hipotética moción de censura de la derecha contra Sánchez, esa posibilidad, subrayan en la Moncloa, está ahora mismo “completamente descartada” por parte de los posconvergentes.
La incertidumbre
A partir de aquí, el Gobierno no se atreve a anticipar qué puede acabar pasando a corto plazo con los Presupuestos. El grupo parlamentario más reacio al apoyo es Junts, con mucha diferencia, y su disposición a negociar ahora mismo pasa por horas muy bajas. El partido independentista ya unió sus votos al PP y Vox a finales de julio para tumbar la senda de déficit presentada por el Gobierno, paso previo a la elaboración de las cuentas públicas. Fue un síntoma claro de su creciente distancia con la Moncloa, a raíz de la investidura de Illa y la controvertida decisión del Supremo de no aplicar la amnistía a Puigdemont.
Pero los posconvergentes no cierran la puerta. Al contrario. El PSOE y Junts se han emplazado a celebrar una reunión en septiembre, probablemente en Ginebra (Suiza). Allí los socialistas podrán tomar la temperatura del partido independentista. Sin embargo, y ante la probabilidad de que no logren atar su respaldo, el Gobierno ya empieza a desplegar la tesis de que continuar con los actuales Presupuestos (los de 2022, ya prorrogados este año) no sería tan “grave”, porque son lo suficientemente “expansivos” como para que se puedan aplicar sin excesivos problemas al próximo año.
