Madrugar, llegar a la playa temprano y clavar la sombrilla para reservar el lugar puede conllevar multas de hasta 300 euros en municipios como Torrox (Málaga), donde el Ayuntamiento ha declarado «la guerra» a esta práctica cada vez más frecuente debido a la masificación turística.
Según explica a Efe el alcalde de esta localidad, Óscar Medina, con estas sanciones que aplica la Policía Local pretenden evitar que algunas personas «se aprovechen» y reserven un lugar en la primera línea de playa pero no aparezcan hasta varias horas después.
«Lo que prohibimos es la reserva de espacios, es decir, esas personas que cogen la primera línea a las siete de la mañana y no llegan hasta la una de la tarde o aquellos que la colocan al mediodía y no vienen hasta las siete de la tarde. La policía persigue estas conductas porque queremos que todos disfrutemos de las playas», cuenta.
Con esa medida, Medina pretende, por tanto, que «las familias», «las madres con niños» o «los abuelos con sus nietos» puedan disfrutar de la playa cuando lleguen y no se encuentren con sillas, sombrillas y mesas vacías frente a ellos durante horas.
Según detalla, la Policía Local comprueba exhaustivamente que estos enseres playeros lleven muchas horas sin dueño y asegura que no sancionan a quienes se alejan para ir a comer o dar un paseo.
«Evidentemente la gente puede ir a un chiringuito, andar un paseo, ir a bañarse… Porque se sabe perfectamente si tú has ido a tomarte un espeto, por ejemplo», comenta.
Desde finales de julio, la Policía Local de este municipio malagueño ha retirado más de 50 lotes y, en total, ha requisado unos 300 objetos entre sombrillas, mesas, toallas y otros enseres de playa.
Como indica el regidor del municipio, los agentes de la Policía Local patrullan las playas desde muy temprano y, a lo largo de las horas, detectan que las sombrillas llevan demasiado tiempo en primera línea sin que su dueño haya aparecido.
Entonces es cuando recogen los objetos, precintan la zona, indican a los dueños dónde deben recoger sus posesiones y las trasladan a las dependencias municipales en un pequeño camión. Según contempla la ordenanza municipal que regula esta norma, los objetos requisados permanecerán allí durante un periodo máximo de catorce días. La sanción mínima para estas personas que acuden a recoger sus pertenencias es de 30 euros, que los propietarios deben pagar antes de que termine el plazo ya que, a partir de esa fecha, pasan a considerarse «residuos» y son destruidos.
