«La OID rechaza la amenaza de privatización a los medios públicos argentinos al ser un retroceso democrático en términos de pluralidad, diversidad, representatividad, visibilidad», expresó la organización en un comunicado.
Además, sostuvo que la idea de privatizarlos «constituye una regresión a los derechos de las audiencias y un repliegue para la participación ciudadana» donde el Estado «prescinde de su responsabilidad por promover, difundir, garantizar, proteger» el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión «al dejarlo en manos de la concentración mediática comercial».
Únase a nosotros. ¡No hay democracia plena sin medios de comunicación públicos! La comunicación pública es un derecho de los ciudadanos/as y un deber del Estado. Di NO a la privatización de RTA, de las radios públicas y de Telam. pic.twitter.com/TZz46OGaA6
— OID (@OIDAudiencias) November 23, 2023 La OID explicó que estos medios «brindan acceso a la información, al entretenimiento y a la cultura para la ciudadanía, cubriendo desiertos informativos tanto territoriales como de contenidos, al no priorizar el interés lucrativo frente al interés general de la población para tomar decisiones y participar de la vida democrática».
En ese sentido, consideró que si bien el sistema de medios públicos que en Argentina lo integran Radio Nacional, la Televisión Pública y la agencia de noticias Télam tienen financiamiento estatal «de ninguna manera esto les convierte de inmediato en instrumentos propagandísticos al servicio del poder político o partido en turno», tal como lo insinuó en recientes declaraciones el presidente electo.
«De lo contrario, en un modelo lucrativo hegemónico perderían su lugar en los medios de comunicación», finalizó.
La OID nuclea organismos dedicados a la defensoría del público de países latinoamericanos, y en su acta de creación explica que dentro de los objetivos de la organización está realizar «una labor mediadora y pedagógica destinada tanto al público de la radio y la televisión como así también a quienes son sus licenciatarios, concesionarios y trabajadores» y a su vez ser «receptores de quejas, reclamos y sugerencias», así como generar «una base de datos con leyes, disposiciones reguladoras, fallos judiciales que sirvan como fundamentos» y la «realización de investigaciones a escala regional» entre otras tantas tareas.
«OID considera imprescindible fortalecer lazos entre las Defensorías de las Audiencias de América Latina y otras instituciones comprometidas con el desarrollo de la comunicación audiovisual desde la perspectiva de los derechos humanos», refieren en su acta de creación.
